Las FARC emplearon esa estrategia como política de control social y territorial.
La Procuraduría le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que incluya la estrategia de “infundir terror” y “otros actos inhumanos” como crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla de las FARC durante el conflicto armado. Admitir estos dos ítems en la lista de delitos haría parte del reconocimiento de verdad que deben hacer los comparecientes.
Para el Ministerio Público se debe establecer que los delitos producto de esa estrategia no fueron hechos aislados, sino que hicieron parte integral de la política de control social y territorial de las FARC.
Asimismo, luego de analizar casi 4.000 hechos victimizantes, se encontró que la violencia reproductiva constituyó uno de los más graves crímenes; en ese sentido, la procuradora Delegada con Funciones de Intervención ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez, pidió en su escrito de observaciones que se adicione a la imputación el crimen de lesa humanidad de “otros actos inhumanos”, por cuenta de los graves sufrimientos ocasionados a los niños y adolescentes reclutados por las FARC, los malos tratos intrafilas que les fueron infligidos, así como las agresiones contra la población civil víctima de la violencia reproductiva.
Además, preocupa al Ministerio Público que el análisis de autoría frente a los crímenes imputados haya sido realizado por la JEP de forma generalizada e idéntica para todos los máximos responsables seleccionados, en lugar de observar individualmente la contribución de cada mando a la comisión de las conductas criminales y recalcó que la mayor alarma se genera frente a las atribuciones por violencia sexual.
La Procuraduría se refirió también a las graves afectaciones generadas contra los pueblos étnicos, asegurando que estas no fueron meramente incidentales, sino que generaron un patrón de violencia con gran riesgo para la pervivencia de las comunidades indígenas denominado etnocidio.
