A través de un decreto se pretenden crear organizaciones con la misión de presionar tanto al Congreso como a los sectores agropecuarios para la aprobación de normas tendientes a la supuesta ‘dinamización’ de esta iniciativa y el desprendimiento de propiedades declaradas como de interés por el gobierno nacional.
Unos días antes de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, se empezó a vivir en varias zonas del país un proceso de ocupación ilegal de predios que encendió las alarmas de todos los gremios agropecuarios del país, pues, sus actividades económicas derivan del uso y explotación de la tierra.
Estas invasiones fueron creciendo como una bola de nieve, generando problemas de orden público en departamentos como Cauca y Valle del Cauca, donde a pesar de las muchas intervenciones del gobierno, se sigue presentando, sin que se vea al final del túnel una luz para los propietarios.
Atendiendo las demandas de ambos: ocupantes ilegales y propietarios de los terrenos invadidos, el presidente Petro puso en marcha lo que podría denominarse la primera fase de la Reforma Rural Integral, uno de sus proyectos bandera, propuesto en campaña.
Con el objetivo de dinamizar la consecución de la tierra necesaria para el cumplimiento de tal fin, firmó un acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), organización que se comprometió a ofertar tres millones de hectáreas fértiles.
A fecha de hoy, los ganaderos han cumplido con su palabra y propuesto la venta de tierra en diferentes zonas del país, gracias al trabajo de promoción y pedagogía que han venido haciendo en conjunto la Agencia Nacional de Tierras y Fedegán, sin embargo, el ritmo en el que se llevan a cabo las adquisiciones no parece tener contento a Petro, quien en varios de sus discursos ha arremetido contra este sector.
Abriendo paso a la expropiación
Esa suerte de inconformismo puede ser la motivación de un decreto conocido por la opinión pública que pretende la expropiación por vía administrativa, otorgando funciones jurisdiccionales a la Agencia Nacional de Tierras para que cumpla con ese cometido. Esta idea fue cuestionada duramente por varios personajes de la opinión y la cosa pública como José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, y la exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, ambos artífices del histórico acuerdo entre el gobierno y los ganaderos.
En su más reciente columna de opinión publicada en el periódico El Tiempo, López se mostró en desacuerdo con las maneras que Petro y su nueva ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, quieren conseguir la tierra que necesitan para llevar a cabo la Reforma Rural Integral.
“[…] Para lograr este reto se necesitaba un aparato estatal eficiente, despolitizado, que hiciera uso de los instrumentos disponibles para responder a una demanda que no había existido antes […] Pero esta complejidad no la entendió el Gobierno, el Presidente perdió la paciencia y sus funcionarios se enfrentaron al siguiente dilema: o se volvían muy eficientes y superaban rápidamente los obstáculos y las debilidades de los instrumentos vigentes o se movían de una reforma agraria concertada a una radical. Desde hace meses aparecieron señales de que la primera no fue la opción elegida”, explica la columna titulada Reforma agraria: ¿concertada o la fuerza?, publicada en El Tiempo el pasado domingo 3 de septiembre.
Por su parte, Lafaurie, quien siempre se ha mostrado partidario de la concertación y el diálogo sobre la base de la legalidad, aseguró que la expedición de ese tipo de normativas genera desconfianza no solo en el sector ganadero, sino en todos aquellos interesados en participar en la venta de tierras para la dinamización de la reforma.
“Si el Gobierno ha decidido comprar la tierra; si tiene 5 billones para ello en esta vigencia, y si hay tierras disponibles, como manifestó el director de la ANT en reciente entrevista, entonces, ¿para qué minar la confianza y enrarecer el ambiente, cuando hay un proceso de oferta voluntaria que ha funcionado, a pesar de la lentitud en la compra, de apenas 33.000 hectáreas? Repito, ¿quién está detrás de esto?”, cuestionó el dirigente gremial.
¿Vía libre a las invasiones?
Sin haberse calmado todavía las aguas de este asunto preocupante para ganaderos y empresarios del campo en general, se conoció que el Ministerio de Agricultura tiene listo un decreto para la implementación de lo que ha llamado movilización y organización campesina por la reforma agraria, que desde ya empieza a generar suspicacias en distintos sectores de la política y la opinión pública.
De acuerdo con el borrador del decreto recientemente publicado, la idea general o el objetivo del mismo es la creación a lo largo y ancho del territorio colombiano “Comités Municipales para la Reforma Agraria”, los cuales servirán “como mecanismo de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria, el fomento y defensa de la producción agroalimentaria, el acceso a la tierra y el cuidado de las territorialidades bioculturales de la ruralidad”.
La senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, cuestionó los términos en los que está redactado el decreto, pues, podría prestarse para que se revivan nuevamente en el país las oleadas de ocupaciones ilegales que pusieron en jaque a varios gremios del sector agropecuario.
“Otro peligroso decreto que emitirá el Ministerio de Agricultura con el «buenismo» de promover la movilización y organización campesina.» ¿Están promoviendo la usurpación del Congreso de la República, que se debe ocupar del trámite de reformas como la agraria? ¿Qué alcance tiene esa convocatoria a la movilización que por decreto pretenden? No sea que le estén planteando al país más violencia”, comentó Cabal en su cuenta de X.
Otro de los asuntos problemáticos del decreto, tiene que ver con los términos utilizados en el artículo segundo del mismo, el cual faculta al ‘campesinado’ para crear, de acuerdo a esta normativa, organizaciones con autonomía política y con la misión de movilizarse “por la defensa de las conquistas sociales, económicas y políticas de las comunidades en el proceso de reforma agraria que vive el país”.
El decreto también contiene en su articulado una serie de funciones que a ojos de un observador informado, bien puede cumplir el Ministerio de Agricultura o la Agencia Nacional de Tierras, teniendo en cuenta la naturaleza y el rol que juegan una y otra entidad en el desarrollo de la Reforma Rural Integral.
Finalmente, aunque se dijo en primer momento que no, será el Estado el financiador del funcionamiento de dichas organizaciones, como se lee en el artículo 5 del decreto en comento: “todas las entidades de todos los Sectores Administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las “Asambleas Campesinas por la Tierra”, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes”.
