Petro suspende órdenes de captura a guerrilleros de disidencia del ELN

Polémica generó la decisión del gobierno Petro de suspender órdenes de captura a más de 10 guerrilleros que participarán en los diálogos de paz.

La decisión del presidente Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura a más de 10 guerrilleros del grupo Comuneros del Sur del ELN ha generado una fuerte polémica en Colombia.

Esta medida, que busca facilitar la participación de los miembros de este grupo en los diálogos de paz, ha sido criticada por diversos sectores que ven con preocupación la flexibilidad del gobierno frente a quienes tienen un historial de crímenes y violaciones a los derechos humanos.

La resolución 0409, firmada por el presidente, reconoce a estos guerrilleros como interlocutores en la mesa de diálogo y solicita la suspensión de sus órdenes de captura, entre ellos a su máximo cabecilla, Gabriel Yepes Mejía, alias HH.

 Esta decisión se ha tomado en el marco de la llamada “paz total” del gobierno, cuyo enfoque es de conciliación con grupos armados que, hasta ahora, han mostrado poco compromiso con una verdadera desmovilización.

Críticos señalan que la medida envía un mensaje erróneo a la ciudadanía, pues se percibe como un acto de impunidad para quienes aún no han rendido cuentas por sus acciones.

En particular, la resolución permite que guerrilleros con un historial de violencia y desplazamiento puedan integrarse a las conversaciones sin haber cumplido con la justicia.

“Suspender las órdenes de captura de individuos acusados de delitos graves puede debilitar la confianza de las víctimas y de la sociedad en un proceso de paz que ya luce accidentado”, señalaron algunos analistas para SEMANA.

Sin embargo, para muchos, estas promesas no son suficientes para justificar la liberación de personas que aún no han dado pruebas de un cambio real en sus conductas.

 “¿Qué garantía hay de que estos guerrilleros realmente estén dispuestos a dejar las armas y respetar la vida de los colombianos?”, se preguntan líderes de la oposición, quienes han pedido que se priorice la justicia y el respeto por las víctimas.

La medida también ha generado incertidumbre en comunidades como las del departamento de Nariño, donde operan los Comuneros del Sur.