Mientras Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por información sobre los terroristas que derribaron un helicóptero policial en Amalfi, dejando 13 uniformados muertos, el gobierno de Gustavo Petro designó como “gestor de paz” a uno de los presuntos responsables del ataque. La precandidata María Fernanda Cabal denunció esta contradicción como una afrenta a las víctimas y un síntoma de la política de impunidad que, bajo el rótulo de “paz total”, premia a los victimarios en lugar de perseguirlos.
La precandidata presidencial María Fernanda Cabal ha reavivado un intenso debate nacional al denunciar una flagrante contradicción entre las políticas del gobierno de Gustavo Petro y la postura del gobierno de los Estados Unidos tras el atentado terrorista que dejó 13 policías muertos en Amalfi (Antioquia) el 21 de agosto de 2025.
En un trino ampliamente compartido, Cabal escribió: “En momentos en que los Estados Unidos está ofreciendo hasta 5 millones de dólares por información que permita la captura de los terroristas responsables de derribar un helicóptero de la Policía Black Hawk en Amalfi, Petro decide convertir en gestor de paz a uno de los asesinos de los 13 policías”.
Su afirmación se respalda en hechos concretos. El pasado 12 de noviembre, la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá anunció oficialmente, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que el programa Rewards for Justice del Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los autores del derribo del helicóptero policial. La embajada calificó el ataque como un “acto de terrorismo” y expresó su “firme solidaridad con Colombia y sus fuerzas de seguridad”.
Un “gestor de paz” que genera indignación
Sin embargo, en una decisión que ha generado indignación, el gobierno colombiano otorgó recientemente la figura de “gestor de paz” a un individuo vinculado, usando una resolución firmada apenas 48 horas antes de que estallara el escándalo por presuntas infiltraciones de las disidencias en instituciones del Estado, según las investigaciones de Noticias Caracol. Esta designación amparada en el Decreto 1083 de 2023 concede prerrogativas como protección estatal, inmunidad de detención y acceso a instancias oficiales de diálogo, sin requerir desmovilización previa ni sentencia judicial.
El contraste entre ambas actitudes es abismal: mientras Washington invierte recursos diplomáticos y financieros para llevar a los responsables ante la justicia, Petro los integra al aparato institucional bajo el discurso de la “paz total”. Cabal no solo expone esta incoherencia, sino que alza la voz en defensa de los uniformados caídos y de un concepto de paz que no se construya sobre la impunidad.
En un momento en que la confianza en las instituciones se resquebraja y las familias de los policías exigen justicia, la postura de la senadora no solo es oportuna, sino necesaria. Su firmeza ética y su rechazo a normalizar la violencia terrorista refuerzan su perfil como una de las voces más coherentes y valientes del espectro político nacional.
