El presidente solicitó levantar la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025 para atender con mayor rapidez la emergencia humanitaria derivada de fenómenos climáticos extremos en Córdoba, Sucre y otras regiones.
El presidente Gustavo Petro envió una comunicación formal a la Corte Constitucional en la que solicita levantar la suspensión del Decreto Legislativo 1390 de 2025, con el fin de recuperar herramientas extraordinarias que, según el gobierno, permitirían responder con mayor celeridad a la emergencia humanitaria provocada por fenómenos climáticos extremos en varias regiones del país, especialmente en Córdoba y Sucre.
En la carta, la Presidencia expone que la situación se ha deteriorado desde que el alto tribunal decidió suspender provisionalmente los efectos del decreto. De acuerdo con las cifras presentadas, al menos 14 personas han perdido la vida, más de 9.000 viviendas han quedado destruidas y cerca de 50.000 familias, equivalentes a unas 300.000 personas, han resultado afectadas por las inundaciones y deslizamientos. A ello se suma la afectación de más de 35.000 hectáreas productivas, lo que compromete el sustento y la seguridad alimentaria de miles de hogares.
El gobierno también advierte sobre el riesgo de una crisis alimentaria y la llegada de nuevos frentes fríos que podrían profundizar la emergencia. En ese contexto, sostiene que la solicitud no responde a consideraciones políticas o ideológicas, sino a la necesidad de actuar de manera inmediata frente a una situación de carácter humanitario.
Según el Ejecutivo, la suspensión del decreto limita de forma significativa la capacidad de respuesta del Estado, al impedir el uso de mecanismos excepcionales previstos para atender la emergencia económica y social. Por ello, solicita a la Corte habilitar nuevamente los efectos del decreto mientras se adopta una decisión de fondo.
Cabe recordar que la Corte Constitucional suspendió de manera provisional el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual se había declarado la emergencia económica y social en todo el territorio nacional. La decisión fue adoptada el pasado 29 de enero de 2026, con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra.
