La ponencia, que será radicada en la Sala Plena responsabiliza a los directivos de la campaña por violar los topes de gasto. La investigación no compromete al presidente por su fuero, pero apunta a Ricardo Roa, partidos aliados y operadores financieros.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 violó los topes de gasto y recibió financiación de fuentes prohibidas por más de 2.779 millones de pesos. La ponencia, elaborada por los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, fue radicada ante la Sala Plena y plantea sanciones administrativas contra los responsables financieros y políticos de la campaña.
De acuerdo con la resolución, los excesos alcanzaron más de 3.000 millones de pesos en ambas vueltas presidenciales. Entre los hallazgos se identificaron recursos no reportados provenientes del sindicato de maestros Fecode, una pauta en Caracol Televisión, pagos a más de 30.000 testigos electorales y un aporte de la Unión Sindical Obrera (USO), todos considerados aportes irregulares.
El documento propone sanciones contra Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol; Lucy Aydee Mogollón, tesorera; y María Lucy Soto Caro, auditora. Asimismo, se plantea multar a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que avalaron la candidatura de Petro en 2022.
Desde el CNE dejaron claro que el alcance de las medidas excluye al presidente, protegido por su fuero constitucional. No obstante, la resolución ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación por posibles delitos como fraude procesal y violación de topes, figura penalizada desde 2017.
Además, remitirá el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, único órgano competente para investigar a un mandatario en ejercicio. La decisión final dependerá de la votación en la Sala Plena del CNE, que requiere al menos seis votos para ser adoptada.
Dadas las recusaciones vigentes, se prevé la participación de conjueces. El caso se convierte en un hito del control electoral al evidenciar cómo los hallazgos administrativos pueden escalar hacia la justicia penal y constitucional, con efectos que trascienden el ámbito financiero.
