Lejos de ser un éxito, como lo estimó el presidente Gustavo Petro, el reciente informe de la agencia calificadora de riesgo Moody’s vislumbra un panorama de incertidumbre económica para Colombia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, despertó una nueva controversia y una ola de críticas luego de realizar declaraciones equivocadas sobre el reciente informe de Moody’s que alertó sobre una posible descalificación crediticia para el país. A través de su cuenta de la red social X, Petro estimó como un éxito económico de su gobierno la evaluación positiva que sobre la economía colombiana hizo la calificadora internacional; sin embargo, esta celebración fue refutada por idóneos economistas como el exviceministro de Hacienda Andrés Pardo Amézquita, experto en temas de política fiscal y monetaria, mercados emergentes e inversiones, quien aseguró que el jefe de Estado no entendió que, a pesar de que Moody’s mantuviera el grado de inversión para Colombia, también cambió la perspectiva de estable a negativa lo que podría ocasionar una descalificación crediticia. Este cambio de perspectiva, según la firma calificadora, obedece a las condiciones macroeconómicas retadoras que enfrenta el país, asociado a un débil crecimiento económico, un incremento sostenido en el costo de endeudamiento del país que podría deteriorar el manejo fiscal y el perfil crediticio del país hacia adelante.
“Moody’s rebajó la perspectiva de la calificación de estable a negativa por dos razones. La primera, las perspectivas de crecimiento se han deteriorado, lo cual afecta el recaudo tributario y complica el manejo de las cuentas fiscales (…). La segunda, los elevados y mayores costos de endeudamiento están generando presiones adicionales sobre las cuentas fiscales. El aumento de estos costos ha estado muy ligado a la dinámica política del país de mayor incertidumbre”, publicó el exviceministro en su cuenta de X.
El autobombo que se ha dado el gobierno nacional ha generado preocupación entre los sectores financieros y empresariales que recalcan la importancia de una comunicación veraz y coherente en asuntos que afectan la estabilidad económica del país. La falta de claridad en la interpretación de informes de agencias calificadoras puede tener consecuencias significativas para la credibilidad del gobierno y la confianza de los inversionistas.
