La principal experiencia que tiene el influenciador Celso Tete Crespo, nombrado asesor con sueldo de casi 12 millones de pesos, es ejercer una forma preocupante de violencia digital contra los opositores al presidente Gustavo Petro y su gobierno.
El reciente nombramiento del influenciador petrista Celso Tete Crespo como asesor grado 13 en la Presidencia ha estado enmarcado en un ambiente de controversia. Su evidente falta de mérito ha suscitado un debate público sobre la idoneidad y los criterios de selección para cargos de asesoría en el gobierno de Gustavo Petro, sobre todo cuando Crespo recibirá honorarios mensuales por casi 12 millones de pesos
El inconformismo radica, principalmente, en que la única experiencia que tiene el influenciador es ejercer una forma preocupante de violencia digital contra los opositores al presidente Gustavo Petro.
Crespo, quien ha ganado notoriedad por su apoyo fervoroso al actual gobierno, ha recurrido a un estilo agresivo en sus interacciones en redes sociales, atacando con dureza a quienes critican o desafían la administración petrista. Su comportamiento incluye ataques personales, difamaciones y acoso sistemático dirigido a detractores, contribuyendo a un ambiente en línea cada vez más polarizado y hostil. El uso que él está dándole a las plataformas digitales como campo de batalla no solo alimenta la división política, sino que también plantea serias preocupaciones sobre el impacto de las redes sociales en la libertad de expresión y el respeto mutuo en el discurso público.
Así las cosas, los colombianos temen que la creciente tendencia del presidente Gustavo Petro de nombrar adiestrados activistas en lugar de expertos pueda afectar la calidad y eficacia de las políticas gubernamentales.
El debate en torno al nombramiento de Crespo subraya la necesidad de un diálogo más amplio sobre los criterios para el nombramiento de cargos públicos en Colombia. La falta de mérito señalada en este caso podría tener implicaciones significativas para la percepción pública de la administración actual y la confianza en las instituciones del Estado.
