Las movilizaciones están orientadas a mejorar la baja aceptación que registra el presidente en las últimas encuestas publicadas por varias firmas, además, tienen la intención de incidir en las elecciones regionales que se realizarán en el mes de octubre.
Este miércoles 27 de septiembre se llevará a cabo en todo el país una nueva jornada de marchas respaldando al presidente Gustavo Petro y, paradójicamente, reclamando del Gobierno Nacional soluciones reales a los muchos problemas que afectan al ciudadano de a pie en la ruralidad y las grandes urbes.
La directora del diario El Heraldo, Érika Fontalvo, hizo en la más reciente editorial publicada por ese medio de comunicación, un análisis bastante acertado de lo que aparentemente es esta jornada y lo que podría considerarse es el trasfondo de la misma, a poco menos de un mes de llevarse a cabo las elecciones regionales.
Precisa la directora en el arranque del escrito, que Colombia es un país donde por cuenta de, los tantos descontentos de la sociedad civil asociada en organizaciones indígenas, campesinas, sindicatos o cualquier otro grupo o movimiento social, es fácil convocar a una marcha, más aún cuando, como en este caso, se trata, evidentemente, de mostrarle los dientes al Congreso, entidad que desde épocas inmemoriales goza de muy mala reputación.
Sobre esos presupuestos se pregunta el medio a través de la editorialista, si las intenciones son tan loables como dice el arsenal publicitario desplegado para su convocatoria, o si por el contrario lleva implícita otra intención, no tan benévola y sí bastante cuestionable.
“Es de elemental certidumbre señalar, entonces, que todos tendríamos justificaciones para manifestarnos. Ahora bien, valorando el significado de esta expresión de participación ciudadana, resultado de lo que debe ser una sociedad madura, dinámica en términos democráticos, cabe preguntarse si la movilización de este 27 de septiembre, convocada por el Gobierno Nacional, de forma activa y pasiva, se enmarca en este propósito, es una competición de fuerza con la oposición o responde a unos intereses señalados por la actual agenda electoral”, se lee en el artículo.
Más adelante, sostiene que estas movilizaciones, a pesar de las formas y los modos como se han presentado por sus promotores, son sin más un mecanismo tendiente a recuperar la aceptación del presidente Petro, bastante disminuida, como consta en las últimas encuestas publicadas en los medios de comunicación.
“[Las marchas] también dejan al descubierto inquietantes actuaciones en las que estaría incurriendo el Ejecutivo que parece olvidar u obviar que el fin no siempre justifica los medios. Sería ingenuo creer que el jefe de Estado que ha sabido capitalizar a su favor el cúmulo de emociones enconadas en las calles, como se evidenció durante el estallido social de 2021, no acudiría a esta fórmula tan suya para tratar de reposicionarse ante una opinión pública en retirada, que según una reciente encuesta reprueba su gestión en un 63 %”, expone la editorial.
Se reitera en uno de los apartes de la nota de prensa, la idea bastante conocida según la cual Petro estaría gobernando Colombia de acuerdo con su visión de los problemas que aquejan a la ciudadanía, obviando las opiniones tanto de la oposición como de quienes le son o le fueron afines en un momento dado. Este hecho que deja a la ciudadanía sin margen de acción y en medio del ‘fuego cruzado’ entre el ejecutivo y el legislativo es la razón fundamental de la baja aceptación del presidente y el pesimismo respecto de la posibilidad de mejoría del país.
Explica la editorialista, que la intención oculta o pretensión de estas marchas es mejorar las estadísticas de popularidad. “A pocas semanas de las elecciones regionales, lo cual no debería pasar de agache porque existe un serio riesgo de posible participación en política del presidente Petro o de sus allegados, la convocatoria viene a azuzar todavía más discordia”, dice uno de los apartes del artículo.
Igualmente, sostiene que la participación del gobierno en pleno en las convocatorias y la financiación disfrazada de ayudas ‘humanitarias’ a las mismas como ha denunciado la prensa, demuestra la poca capacidad de argumentación en los espacios constitucionalmente establecidos para aprobar las reformas que reclaman quienes se movilizan.
“Como en botica, por un lado, se defiende la educación como derecho, el trabajo decente, un sistema de salud digno, la cultura, la justicia social y ambiental. Por otro, se exige la reducción de las tarifas de energía, mientras se demanda la aprobación de las reformas que lucen estancadas en el Congreso por la falta de desenvolvimiento político del Ejecutivo. Ante la ausencia de consensos, el Gobierno cambia de enfoque, saca el debate de su espacio natural, lo instala en medio de la agitación social de las calles para presionar a los legisladores, sin medir sus efectos”, se lee.
Finalmente, termina el artículo preguntándose si están Petro y sus equipos en el gobierno y el Congreso capacitados y dispuestos a encontrar un punto de equilibrio que le permita sacar adelante las reformas prometidas en campaña.
“La movilización plantea asuntos que el Gobierno no puede desconocer. ¿Está en capacidad de dar respuesta o de resolver las demandas de quienes marchen? ¿Entiende que debe priorizar un acuerdo nacional con consensos para sacar adelante sus reformas en el Congreso? No vaya a ser que los manifestantes se sientan instrumentalizados o estafados, luego. La calle es un aglutinador de esperanzas de sectores descontentos que, en últimas, somos todos, pero los vientos de cambio, ahora lo sabemos, también necesitan capacidad de negociación, conciliación y alianzas. De lo contrario, solo son útiles para ondear banderas”, puntualiza la editorial.
En este enlace puede ver todo el editorial de El Heraldo:
