El Instituto Penitenciario y Carcelario informó que el traslado de los criminales no requirió aval judicial, y que la senadora Isabel Zuleta fungió como enlace oficial en el proceso.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que fue el presidente Gustavo Petro, en su rol de máxima autoridad administrativa del país, quien ordenó el traslado de nueve integrantes de bandas criminales, designados como voceros, al evento de Paz Urbana realizado el pasado 21 de junio en La Alpujarra, en Medellín.
La decisión presidencial quedó registrada en dos resoluciones oficiales: la 139 del 29 de mayo de 2023 y la 094 del 8 de abril de 2025. En estas se designa a los privados de la libertad como representantes de las estructuras armadas organizadas de alto impacto del Valle de Aburrá, dentro de un espacio de conversación sociojurídico con el gobierno nacional.
El documento, de cuatro páginas, también aclara que el Inpec no requería autorización judicial para llevar a cabo dichos traslados. Según la institución, la normativa vigente le otorga la competencia exclusiva para disponer del movimiento de personas condenadas, sin necesidad de intervención de jueces. En particular, citan el artículo 72 de la Ley 65 de 1993 y el Decreto 4151 de 2011.
Además, se establece el papel de la senadora Isabel Cristina Zuleta como coordinadora del Ejecutivo en este proceso. Mediante la Resolución 452 de 2024, el gobierno le otorgó la responsabilidad de liderar los acercamientos con estas estructuras criminales y facilitar las conversaciones en el marco del proyecto de Paz Urbana.
