Derechos laborales, contratación de mano de obra local, bienes y servicios, conflictos ambientales, regulación, formalización y control de actividades mineras, entre otras, son las principales causas asociadas a la conflictividad.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dio a conocer que las protestas en el sector mineroenergético aumentaron en un 46 % el año pasado.
“En el sector de hidrocarburos, minería y energía eléctrica, se presentaron 130 protestas, en comparación con el 2022, cuando fueron registradas 89”.
Las principales demandas de los manifestantes estuvieron relacionadas con derechos laborales, contratación de mano de obra local, bienes y servicios (33 %), conflictos ambientales (32 %), regulación, formalización y control de actividades mineras (11 %), presencia e inversión estatal (8 %), múltiples demandas que involucran a las empresas y al Estado (8 %), respeto de los derechos a la identidad, autonomía y la participación de las comunidades en entornos de proyectos minero-energéticos (7 %), otros (1 %).
Estudio por zonas
Se resalta la existencia de conflictos ambientales por explotación de hidrocarburos y su afectación a fuentes hídricas, lo que ha impactado la vida y los derechos de campesinos y pescadores de la región del Magdalena Medio.
En el caso específico del departamento del Chocó, los conflictos se gestaron en torno a la explotación aurífera y de cobre. Se evidenciaron inconformidades por el impacto ambiental producido, y al mismo tiempo surgió el reclamo de los mineros tradicionales para que se les permitiera participar en esa actividad, como medio de subsistencia.
En La Guajira, el documento centra su análisis en los conflictos que han surgido por las preocupaciones de la comunidad en relación con la falta de claridad sobre cómo se abordarán los pasivos ambientales de los proyectos que se encuentran en fase de cierre. Igualmente, las comunidades indígenas vienen reclamando el derecho a la participación y consulta previa en los proyectos de parques eólicos y solares.
“En el escenario del cambio climático y la transición energética, es prioritario analizar el panorama nacional y local de la conflictividad social mineroenergética, con el objetivo de prevenir el escalamiento de los conflictos y garantizar los derechos colectivos y ambientales, los derechos de los sujetos de especial protección constitucional y comunidades vulnerables, además los de los habitantes de distintos territorios”, manifestó Carlos Camargo Assis.
El funcionario advirtió que, debido a las condiciones estructurales de pobreza y débil presencia institucional, en muchas ocasiones se configuran focos de conflictos sociales por la reiterada demanda de inversión social para las comunidades y de garantías laborales para los trabajadores.
“Hago un llamado para que las autoridades nacionales y regionales fortalezcan las actividades de monitoreo y seguimiento a la conflictividad social en el sector, con el fin de que todas las partes en los conflictos sean identificadas, escuchadas, que siempre sea el diálogo el mecanismo para la gestión y transformación de los conflictos”, indicó el defensor del Pueblo.
