Asesinatos, explotación sexual y discriminación, entre otros flagelos, sufre la población diversa de esta zona del país.
Las amenazas contra la vida y violaciones a los derechos de la comunidad Lgtbi aumentaron y se diversificaron en los municipios que conforman la subregión Montes de María, entre los departamentos de Sucre y Bolívar.
Así lo confirmó la Procuraduría General de la Nación luego de una mesa de trabajo sostenida con sus representantes y con delegados de entidades estatales realizada en San Juan Nepomuceno.
Tráfico y explotación sexual
Durante el encuentro se conoció que además del riesgo contra sus vidas, materializado en el asesinato de tres de sus líderes, atentados contra la integridad de otros seis, e incontables amenazas, se está presentando la instrumentalización de estas personas para promover el tráfico, transporte y almacenamiento de drogas, además de un creciente fenómeno de trata de personas con fines de explotación sexual.
Señalamiento e intolerancia
A la compleja situación se suma una creciente estigmatización por parte de algunos habitantes de estos municipios, promovida precisamente por los actores armados que buscan tener el control social y han “ordenado” en sus panfletos sacar a las mujeres transexuales de los lugares donde ejercen su trabajo y apartar a las personas Lgbti de otros espacios como escuelas y colegios, lo que se traducen en riesgo de salud metal y puede llevar a la deserción escolar o en algunos casos al suicidio de quienes lo padecen.
Urgen acciones
Tras escuchar los relatos de las víctimas, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, recalcó que es la tercera alerta que hace el Ministerio Público a las autoridades nacionales, departamentales y municipales sobre esta situación y hasta ahora no ha sido atendida adecuadamente, lo que aumenta el riesgo de violaciones a los derechos de esta comunidad.
Por su parte, la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, Viviana Mora Verbel, expresó su preocupación frente a la respuesta de las autoridades a la vulneración de los derechos de esta población, recalcando el trabajo del ente de control para que no existan barreras en la atención, protección o acceso a la justicia.
“La lucha de la comunidad ha sido constante y de muchos años atrás. Es prioritario que no solo se reconozca la afectación de los derechos individuales de los miembros de esta población, también los derechos colectivos para que efectivamente sean reparados por todos los daños sufridos por el conflicto y que persisten por la crisis de seguridad territorial en los Montes de María”, expresó la procuradora delegada.
