“La paz cocal que alimenta la violencia con el silencio del gobierno Petro”, fueron las palabras de la precandidata presidencial y senadora María Fernanda Cabal Molina, contra la mala gestión del gobierno de Gustavo Petro en la “lucha” contra el narcotráfico.
Durante su campaña presidencial en 2022, el hoy mandatario Gustavo Petro Urrego prometió una lucha sin cuartel contra el narcotráfico y la corrupción, mostrándose como un candidato dispuesto a transformar radicalmente la política antidrogas del país. «No habrá más tolerancia con los carteles, ni con quienes desde dentro del Estado los protegen», aseguró en múltiples ocasiones, granjeándose el apoyo de millones de colombianos cansados de décadas de violencia y narcoviolencia.
Sin embargo, más de dos años después de iniciado su gobierno, el panorama parece contradecir aquellas promesas. Según datos recientes y denuncias provenientes tanto de organismos internacionales como de sectores políticos nacionales, Colombia está viviendo un repunte alarmante del narcotráfico, mientras se multiplican las voces que acusan al Ejecutivo de omisión frente a este flagelo.
La paz cocal que preocupa
Una de las críticas más contundentes proviene de la líder opositora María Fernanda Cabal, quien en su cuenta oficial de X (antigua Twitter), publicó: “La paz cocal que alimenta la violencia con el silencio del gobierno Petro. Las masacres, tomas de poblaciones, secuestros, homicidios campean ante la mirada pasiva de un gobierno cobarde o complaciente”.
La frase “paz cocal” ha sido utilizada por algunos analistas para describir una supuesta estrategia tácita de no intervención frente a los cultivos ilícitos y grupos armados que los controlan, bajo el argumento de buscar acuerdos sociales con comunidades afectadas.
Informe de la ONU: aumento de hectáreas cultivadas
El Informe Mundial sobre las Drogas 2025, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), revela cifras preocupantes. Colombia volvió a encabezar el ranking mundial de cultivo de coca, con un total de 253.000 hectáreas sembradas, lo que representa un aumento aproximadamente el 50 % en comparación con 2022 y en el 2024 se arrojó que Colombia concentra más del 67 % de cultivos de coca, liderando la producción de cocaína a nivel mundial.
Este incremento coincide con una reducción en las actividades de erradicación forzosa, medida que fue priorizada en gobiernos anteriores. Aunque el gobierno Petro justifica esta baja en aras de políticas de sustitución voluntaria de cultivos, expertos señalan que la implementación de dichas políticas sigue siendo deficiente y desigual.
Un gobierno complaciente, afirma Cabal
La senadora Cabal Molina, declaró con firmeza en su cuenta X: “Las masacres, tomas de poblaciones, secuestros, homicidios campean ante la mirada pasiva de un gobierno cobarde o complaciente”.
La líder opositora siendo una de las principales figuras que se ha pronunciado contra el narcotráfico y la violencia por grupos al margen de la ley, denuncia públicamente que el gobierno de Gustavo Petro solo complace a los violentos y delincuentes, tanto ella como organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios han denunciado públicamente cómo ciertos territorios están siendo tomados por grupos criminales vinculados al narcotráfico, en medio de una ausencia casi absoluta del Estado.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa mantiene un discurso optimista, afirmando que el país vive una «reducción histórica de la violencia», cuando esto es totalmente falso.
Colombia está en alerta roja
Las palabras de la senadora Cabal reflejan una percepción cada vez más común en sectores de la sociedad civil y político: que el gobierno está minimizando el problema del narcotráfico en lugar de combatirlo activamente.
¿Cuándo le solicitará a las FARC, ELN y bandas criminales detener el genocidio en Cauca, Santander, Chocó, Guaviare o que dejen de narcotraficar?”, agregó la congresista en un post de X.
Mientras el gobierno insiste en su narrativa de paz social y diálogo con actores locales, el país enfrenta una realidad compleja: un narcotráfico fortalecido, un tejido social frágil y un aparato estatal cuestionado por su capacidad de respuesta.
Los próximos meses serán clave para determinar si Colombia logra revertir esta tendencia o si, por el contrario, entra en una nueva fase de narcoviolencia con nuevas caras, pero viejos males.
