Patrullero secuestrado en San Vicente del Caguán se desahogó: “solicitamos apoyo y nunca llegó”

La Procuraduría abrió indagación previa contra los ministros del Interior y Defensa, Alfonso Prada e Iván Velásquez, por la presunta omisión de sus funciones durante las manifestaciones violentas en las que 79 policías fueron retenidos durante más de 24 horas.

Decepcionados se encuentran los uniformados que fueron secuestrados durante las manifestaciones en Los Pozos en Caquetá, el pasado 2 de marzo en San Vicente del Caguán en Caquetá.

“Solicitamos apoyo y nunca llegó”, con esta frase el patrullero César Gerardo Rincón, narró los angustiosos momentos que él y sus 79 compañeros vivieron durante los enfrentamientos en la vereda Los Pozos, que dejó dos personas muertas.

Los uniformados acudieron a preservar el orden y a proteger las instalaciones de la empresa petrolera Emerald Energy, cuando se salió de control la situación, al punto que los uniformados fueron despojados de sus pertenencias y secuestrados.

Ese día fue asesinado con arma blanca el patrullero Ricardo Arley Monroy y con arma de fuego, el campesino Reinel Arévalo.

“Se le pasan muchas cosas por la mente, muchos pensamientos; nunca llegó un apoyo, no tuvimos un respaldo por parte del gobierno, se solicitó durante bastante tiempo y nunca, nunca, nunca llegó.  Sin saber qué iba a pasar con nosotros, sin saber para dónde nos iban a mover, qué va a pasar con nosotros, si tal vez no íbamos a volver a ver a nuestra familia”, manifestó con tristeza el patrullero.

Los uniformados fueron humillados y objeto de burlas durante su estadía en la zona. “Nos decían… los dejaron morir también, no llegaron, los abandonaron, que no le importamos al gobierno porque nunca nos llegó un apoyo… nos gritaban y eso marca psicológicamente”, indicó.

Aunque en repetidas oportunidades como lo confirma el patrullero Rincón pidieron apoyo, nunca les llegó; simplemente les decían: mantengan la calma.

“Nosotros éramos simplemente 80 patrulleros, 80 policías contra más de 5000 o 7000 personas queriendo atentar con nuestra vida, queriendo hacernos daño a nosotros. Teníamos desespero de ver un compañero muerto, tres compañeros secuestrados y a nosotros literalmente encerrados, ya que no teníamos por donde salir”, dijo.

Sin armas

Según explicó el patrullero Rincón, no tenían armas de fuego cuando cumplían con su deber. Debido a los falsos señalamientos que tuvo el anterior Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), se prohibió el uso de armas de fuego en medio de manifestaciones. En esta situación, solo tenían como arma de defensa los agentes químicos.

La frustración de los uniformados y la decepción hacia el gobierno nacional no cesa. “Tuvieron la oportunidad los campesinos de asesinarnos y después de 30 horas, ahí si está el gobierno. Cuando nosotros los necesitamos y solicitamos apoyo por parte de la Policía, por todos lados, durante 30 horas y nada”, puntualizó.

Luego de 48 horas de concertación, entre el Gobierno Nacional y los campesinos, se llegó a varios acuerdos y se firmó un acta de compromiso entre las dos partes.

Procuraduría iniciará investigación

Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra los ministros del Interior y Defensa, Alfonso Prada Gil e Iván Velásquez Gómez, por la presunta omisión de sus funciones durante las manifestaciones que tuvieron lugar en San Vicente del Caguán en las que 79 policías fueron retenidos durante más de 24 horas.

“La investigación de la Sala Disciplinaria de Instrucción buscará establecer los hechos de incidencia disciplinaria en los que pudieron incurrir los funcionarios y determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que tuvieron lugar los hechos que dieron a conocer los medios de comunicación”, indicó el Ministerio Público.

Asimismo, la entidad sostuvo que investigará los comportamientos que por acción u omisión podrían haber desplegado Prada Gil y Velásquez Gómez y decidir si podrían constituir falta disciplinaria a la luz del Código General Disciplinario, para lo que solicitó la práctica de pruebas conducentes al esclarecimiento de la situación.