Por José Félix Lafaurie Rivera
En el Acuerdo de México quedó clara la prioridad que el ELN le otorga a la participación de la sociedad en la construcción de la paz, que no es solo el primer punto de la agenda, sino “el corazón” del proceso; una prioridad entendible, teniendo en cuenta el trasegar político de ese grupo, que se arrogó la condición de defensor armado de la sociedad.
Ahora bien, si el silencio de las armas no es la paz, sino apenas una condición para alcanzarla, y la verdadera paz es una construcción colectiva, el aporte tangible de las negociaciones, además de su contribución al cese de la violencia y el hostigamiento a la sociedad civil, seguida de la dejación de armas; debería ser, como condición, que en los acuerdos de la Mesa la participación pase del discurso a su ejercicio efectivo, convirtiéndola en un instrumento de transformación real y positiva en la vida de las personas, tanto en los resultados tempranos que se desprendan de los acuerdos parciales, como en la implementación de un Acuerdo Final.
El preámbulo del Acuerdo de México concluye convocando, de una parte, el compromiso de la institucionalidad del Estado, y de otra, la participación de todos los sectores de la sociedad, “para pactar las transformaciones que requieren las regiones y el país en su conjunto”.
¿Cómo lograr esa articulación participativa entre una institucionalidad que la sociedad percibe lejana, cuando no en su contra, y esa misma sociedad inmersa en una realidad de inequidad y violencia, sobre todo en el sector rural? Esa es la tarea de la próxima ronda.
La Mesa podría encerrarse con la institucionalidad a confeccionar acuerdos que luzcan como “los mejores” y sean “vinculantes” para el Estado, pero que difícilmente lograrían el compromiso de la sociedad civil ausente. Ese no es el camino.
La Mesa podría organizar eventos con comunidades de base, minorías, sindicatos y organizaciones sociales, para que expresen sus expectativas y propuestas; un bello ejercicio de democracia, pero que puede terminar convertido en memorial de agravios o en una participación tumultuosa, que difícilmente podría incorporarse a los acuerdos y, menos aún, ser “vinculante” para una institucionalidad ausente. Ese tampoco es el camino.
El camino es el del medio, por el que puedan andar juntos, de una parte, la sociedad civil, pero toda; no solo las llamadas minorías y las organizaciones sociales, sino la Academia, los estudiantes, los gremios, los trabajadores, etc., presentando propuestas de una forma organizada; y de otra parte, la institucionalidad con los diagnósticos de situación, para acotarlas a la realidad de lo posible, lo legal y lo constitucional.
En ese contexto, es necesaria la participación de entidades especializadas, como INVIAS en el tema de vías terciarias, las Cortes en el tema de justicia, la Contraloría General de la República, que tiene una panorámica del Estado a partir del control de gestión y la evaluación de la política pública; y la Procuraduría General de la Nación, como representante constitucional de los ciudadanos ante el Estado.
Es sencillo; si el ELN está negociando con el Gobierno en representación del Estado, no puede hacerlo a espaldas de ese mismo Estado. En últimas se trata de que la Mesa reciba insumos valiosos para que, a su vez, produzca resultados valiosos, verdaderos “acuerdos” que, por definición, sean vinculantes, no solo porque obliguen al Estado, que no estuvo ausente, sino porque comprometan a la sociedad que participó activamente.
Colombia toda debe unirse para andar ese camino que conduce al fortalecimiento de la democracia y a la construcción colectiva de la paz, porque “si caminas solo iras más rápido…, si caminas acompañado llegarás más lejos”.
@jflafaurie
