El paro armado decretado por el ELN en todo el Chocó, está afectando gravemente la movilidad, el acceso a bienes básicos, la educación y la seguridad de las comunidades. La Iglesia, el gobierno local, así como organismos humanitarios, alertan por la grave crisis humanitaria.
Cerca de 500.000 personas estarían afectadas por el paro armado de 48 horas decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó, que amaneció completamente paralizado este viernes 25 de julio.
La amenaza de esta guerrilla ha causado confinamiento en múltiples municipios, suspensión del transporte terrestre y fluvial, cierre de escuelas y una fuerte interrupción en el suministro de alimentos y atención médica. Se trata del tercer paro de este tipo en lo corrido del año, y el segundo anunciado por el ELN en 2025.
Aunque el ELN no tiene control total del territorio, su anuncio se hizo extensivo a todo el departamento. Según la Defensoría del Pueblo, cerca de 500.000 personas podrían verse afectadas directa o indirectamente.
La Defensora, Iris Marín, que estuvo recientemente en el Medio San Juan, alertó que el conflicto armado se ha recrudecido por la disputa territorial entre el ELN, el Clan del Golfo y, en algunas zonas, disidencias de las FARC, lo que deja a las comunidades en medio del fuego cruzado.
La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, rechazó con vehemencia el accionar del grupo insurgente y lamentó que este nuevo paro ocurra mientras algunas regiones siguen afectadas por las inundaciones, lo que agrava la ya crítica situación humanitaria.
Córdoba aseguró que las amenazas se han difundido por redes sociales y medios locales, generando un ambiente de miedo y zozobra. Además, indicó que el anuncio se produjo poco después de un operativo de las Fuerzas Militares en el municipio de Lloró, donde se incautó material de guerra y se desmovilizaron dos integrantes del ELN.
Reacciones
La Diócesis de Quibdó también se pronunció en un fuerte comunicado en el que condenó “toda acción de los grupos armados que implique confinamiento, desplazamiento o cualquier afectación a la libertad de locomoción ciudadana”.
El pronunciamiento llama a cesar de inmediato la violencia contra las comunidades, respetar el Derecho Internacional Humanitario y proteger los derechos fundamentales de una población históricamente golpeada por el conflicto.
Mientras tanto, las Fuerzas Militares —en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía— intensificaron su presencia en los principales ríos y carreteras del departamento.
Se desplegaron unidades tácticas en los ríos Baudó, Atrato y Docampadó, con más de 340 efectivos operando en zonas clave para garantizar la libre navegación y prevenir cualquier intento de intimidación por parte del ELN. La Fuerza Naval del Pacífico reforzó sus controles sobre más de 90 kilómetros de vías fluviales en áreas sensibles.
Los resultados recientes de estos operativos incluyeron la neutralización de una emisora clandestina usada para propaganda del ELN, el hallazgo de panfletos, material de guerra y la identificación de miembros del grupo involucrados en homicidios recientes, como el asesinato de un conductor en Lloró.
Pese a estos esfuerzos, la presencia estatal sigue siendo limitada en muchas zonas del Chocó, como reconoció la misma Defensoría del Pueblo.
“La fuerza pública no tiene aún capacidad real de proteger a la población en zonas de fuerte influencia armada”.
