La Contraloría General reveló graves falencias en el Programa de Alimentación Escolar, incluyendo desfinanciación estructural, 813 hallazgos en cinco años, sobrecostos, fallas en supervisión e inequidades regionales. El ente de control urgió medidas para garantizar el derecho a la alimentación de millones de estudiantes.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) enfrenta un panorama crítico. Así lo advirtió la Contraloría General de la República al presentar los resultados de la Evaluación de la Ejecución de la Política Pública del PAE.
El informe reveló que la desfinanciación estructural del programa podría dejar sin beneficio a más de 1,6 millones de estudiantes en 2026, para lo cual se requerirían $1,3 billones adicionales.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, explicó que, aunque para 2025 el PAE cuenta con un presupuesto de $5,27 billones para atender a 5.571.156 estudiantes, aún quedan por fuera 1.282.089 niños, niñas y adolescentes, cuya atención demandaría una inyección adicional de $1,21 billones.
La situación evidencia un déficit persistente que afecta, sobre todo, a los territorios con mayores índices de vulnerabilidad.
Alertas
La desfinanciación no es la única alerta. Entre 2020 y el primer semestre de 2025, la Contraloría acumuló 813 hallazgos relacionados con el PAE, de los cuales 185 tienen incidencia fiscal, por más de $55.500 millones.
De este monto, más de $33.000 millones corresponden a sobrecostos, que representan el 61% de las irregularidades detectadas. Solo en las vigencias 2024 y 2025 se identificaron 30 hallazgos fiscales por $7.974 millones, asociados en su mayoría a sobrecostos y pagos sin soporte.
El ente de control también alertó sobre las profundas inequidades en la cobertura del programa. Pese a que en 2023 el PAE alcanzó un 79% de cobertura nacional, 19 de los 32 departamentos están por debajo del promedio, y territorios como Amazonas, Casanare y Guaviare no llegan al 50% de cubrimiento.
El caso más crítico es Sahagún, cuya cobertura en 2023 fue del 23%, aunque se espera que alcance al menos el 50% en 2026.
El contralor Rodríguez Becerra subrayó que estas brechas están relacionadas con fallas en supervisión, retrasos en contratación, dificultades en el suministro de alimentos y suspensiones del servicio.
Además, persisten disparidades asociadas a condiciones geográficas, socioeconómicas y de inseguridad alimentaria, que impactan a regiones como Llanos, Pacífico y Centro Sur, donde las asignaciones per cápita son más bajas.
La inoportunidad en la prestación del servicio es otra de las preocupaciones. Durante 2023, 2.570.291 estudiantes no recibieron alimentación escolar durante su jornada académica, según verificó la Contraloría en auditorías y reportes de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (UApA).
A ello se suman deficiencias en infraestructura: cocinas en mal estado, falta de equipos de refrigeración, comedores inadecuados, menaje insuficiente y ausencia de agua potable, afectando en promedio a 135.629 estudiantes, y a 281.224 según encuestas aplicadas. Las regiones Caribe y Centro Oriente presentan las condiciones más críticas.
Otra irregularidad recurrente es el incumplimiento del mandato que exige adquirir al menos el 30% de los alimentos a productores locales. El 47% de las sedes educativas no cumple con este requisito, mientras regiones como Centro Oriente y Pacífico dependen en gran medida de proveedores externos, lo que encarece la operación y afecta la oportunidad del servicio.
No obstante, el informe también destaca aspectos positivos. El PAE ha contribuido significativamente a reducir la deserción escolar entre un 10% y un 25%, además de mejorar el rendimiento académico y favorecer la permanencia educativa.
La Contraloría concluyó su informe con un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para corregir los vacíos en financiación, supervisión y control.
