Advierten que el Ministerio de Salud ignoró fallos de la Corte Constitucional y dejó sin respuesta estructural el déficit de la Unidad de Pago por Capitación. Denuncian que 52 millones de colombianos siguen en riesgo por la falta de recursos suficientes y la descalificación de sentencias.
La organización Pacientes Colombia, que agrupa a más de doscientas asociaciones de pacientes en el país, denunció que las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Salud para revisar y ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2024 no resolvieron los problemas estructurales del sistema.
Tras siete sesiones de discusión técnica, el movimiento concluyó que la gestión del Gobierno se caracterizó por falta de rigor y datos insuficientes sobre siniestralidad, frecuencia de uso de servicios y rezagos acumulados de 2021, 2022 y 2023.
El vocero, Denis Silva, afirmó que el proceso terminó de manera unilateral, con un Ministerio que declaró suficientes los recursos, pese a que la mayoría de los técnicos advirtieron lo contrario. “Si el Gobierno administra el 60 % de estos recursos, ¿por qué las EPS intervenidas siguen mostrando indicadores tan deficientes? Esto indica que el problema es estructural y no se resolverá con una simple reforma”, señaló.
Pacientes Colombia identificó tres puntos críticos: el uso irresponsable del espacio técnico, las contradicciones entre las cifras oficiales y la realidad de la UPC, y la descalificación de fallos de la Corte Constitucional. Sobre este último aspecto, recordaron que las sentencias judiciales son de obligatorio cumplimiento y no pueden ser objeto de interpretación o desconocimiento.
La organización advirtió que una UPC desfinanciada pone en riesgo la vida y la salud de 52 millones de colombianos. Además, lamentó que el Gobierno desaprovechara una oportunidad histórica para superar la crisis del sistema y cumplir con los lineamientos de la Corte.
Finalmente, Pacientes Colombia exhortó a la Corte Constitucional y a los entes de control a exigir el cumplimiento de sus órdenes frente al Ministerio de Salud y a adoptar medidas ejemplares en defensa de los pacientes. “El desfinanciamiento mata pacientes y las familias no pueden seguir esperando”, concluyó Silva.
