El alto tribual insiste en que el Gobierno Nacional tiene elementos jurídicos para hacerle frente y conjurar la crisis en ese departamento sin necesidad de expedir decretos, igualmente, instó al Congreso a legislar en ese sentido.
Desde que llegó a la Casa de Nariño, el presidente, Gustavo Petro, dicen algunos de sus seguidores, ha hecho gala de su conocimiento sobre el Estado y sus estructuras, así como de los alcances del ordenamiento jurídico, y ponen sobre la mesa, para justificar sus impresiones, los extensos discursos que el mandatario ha pronunciado en prácticamente todos los espacios donde tiene el uso de la palabra.
Sin embargo, algunas situaciones concretas, podrían indicar más bien, todo lo contrario, baste, solo citar: los casi $130.000 millones que está pidiendo a modo de indemnización la empresa Thomas Greg por lo no adjudicación de contrato de los pasaportes; los sobrecostos que deberá asumir el Sena por declarar desierta la licitación para proveer servicios de internet o la caída ante la Corte Constitucional del tan cacareado decreto de emergencia económica, social y ambiental en La Guajira.
Como si eso fuera poco, se confirmó en horas de la tarde del jueves 26 de octubre, la declaratoria de inexequibilidad por parte del citado tribunal de la popularmente conocida como: Reforma Estructural a la Salud en La Guajira y cuatro decretos más.
La Corte Constitucional señaló nuevamente, que el presidente no puede hacerle frente a la situación de ese departamento a través de los decretos expedidos, pues, existen en el ordenamiento jurídico elementos legales suficientes para hacerlo, además, sostiene que la función de legislar sobre esa materia corresponde exclusivamente al Congreso.
Señaló en ese sentido, que el Gobierno Nacional, por cuenta de los efectos diferidos del fallo, tiene hasta finales del mes de julio del próximo año para ejecutar todos los planes, programas y proyectos tendientes a afrontar esa problemática.
El boletín de prensa del Alto tribunal señala que además de éste, fueron borrados otros cuatro decretos expedidos con fundamento en la caótica situación del fronterizo departamento.
Uno de los decretos declarados inexequibles, fue el Decreto 1268 de 2023, a través del cual, pretendía el gobierno iniciar un proceso de recuperación de las Salinas Marítimas de Manaure. El magistrado ponente de esta decisión fue Juan Carlos Cortés González.
También se cayó el Decreto 1271 de 2023, el cual introducía unas cláusulas adicionales o modificatorias en lo relativo a las obligaciones de hacer que se encuentran en las concesiones del espectro radioeléctrico, el estudio de este caso estuvo a cargo de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera.
Los restantes decretos, son el 1278 de 2023 que buscaba proteger la riqueza cultural del pueblo Wayúu y 1274 de 2023, mediante el cual el presidente creó la Universidad del pueblo Wayúu. Así las cosas, ya son seis los actos legislativos expedidos por Petro para hacerle frente a la crisis en La Guajira que se caen en la Corte Constitucional.
