Advierten que planean, sin concertar con nadie, otorgarle facultades al presidente Gustavo Petro para dicte un régimen especial para los trabajadores de la salud. Igualmente, que se pone en riego la continuidad y sostenimiento del sistema con el proyecto de ley que impulsa la coalición de gobierno.
A través de un comunicado de prensa colgado en la red social X, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas expresó su malestar por la forma como el gobierno nacional y sus lugartenientes en el Congreso están llevando a cabo los debates de la Reforma a la Salud.
La asociación insinuó que los congresistas de la coalición de gobierno están haciendo toda suerte de ‘jugaditas’ y artificios para evitar discutir abiertamente ciertos elementos del articulado que no han sido debidamente socializados y discutidos.
Señalan que las reclamaciones no son caprichosas, sino que se hacen en nombre y con la autorización de las 22 organizaciones que suman más de 300.000 miembros, quienes solicitan abrir la discusión de siete temas trascendentales para operadores, usuarios y todos los que directa o indirectamente participan del sistema.
“El Grupo de Acuerdos Fundamentales […], considera inaceptable que el informe de acumulación de los proyectos de ley 312/2024 Cámara y 135/2024 Cámara, haya incluido solo los puntos de acuerdo y no las diferencias que deben ser tenides en cuenta en los debates en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes”, se lee en el informe.
Más adelante, enuncia que hay un desacuerdo notable en cuanto a la entidad que debe definir el valor de la Unidad de Pago por Capitación, pues, mientras el gobierno sugiere que esta potestad recaiga sobre el Ministerio de salud, la bancada independiente propone que se cree una entidad independiente para estos fines.
Igualmente, advierte de lo peligroso que podría ser eliminar la opción de afiliación individual no solo para hacer seguimiento y control de los diagnósticos, sino también la financiación de los servicios prestados.
“Las gestoras deben asumir la representación del usuario, el riesgo en salud y el riesgo operativo; el riesgo financiero es asignado a la Adres en reconocimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 334 constitucional; aspectos que no están claros en la ponencia para primer debate”, destacó el Grupo de Acuerdos Fundamentales.
Otro de los elementos que consideran ha sido obviado en la discusión, tiene que ver con la solicitud de más recursos para el sostenimiento efectivo del sistema y garantías de calidad en los servicios médicos.
Finalmente, denuncian que planean otorgarle funciones al presidente Petro que lo faculten para dictar un régimen especial para los trabajadores de la salud a nivel nacional, proposición que señalan, no ha sido concertada.
