Ya de regreso de las vacaciones de fin de año se retoma la columna semanal. En esta ocasión tuve tiempo de pensar y meditar sobre la situación que se presenta con el gobierno y la oposición, ésta presente en tantos grupos de WhatsApp en los que los participantes demuestran su necesidad de expresar su descontento con quienes detentan el poder, empero, curiosamente, se limitan a reenviar la información que reciben.
La oposición está cayendo en un juego absurdo al creer y querer que lo que consigna en correos y cuentas virtuales cumple su cometido sin tener en cuenta que para lograr esa finalidad debe esforzarse en ilustrar, no a quienes comparten su postura ideológica o tienen clara su posición, sino a aquéllas personas indecisas o apáticas, mediante un análisis serio y real sobre las decisiones que están afectando la democracia y el bienestar general de la población, para hacer un frente común y desempeñar la función que le corresponde de control al gobierno.
Entonces, la clave de la oposición debe ser menos opinión y más acción. Hay que buscar el consenso y definir dónde y cómo se ejecutará esta última. Así, la convocatoria a un paro el 12 o el 14 de febrero de este año debe observar la experiencia de lo ocurrido en Venezuela, para que se logren los propósitos que con él se buscan y no favorecer al gobierno como ocurrió en tiempos de Chávez, cuando se impulsó un paro en similares condiciones.
Las marchas pacíficas del 2022 en contra del gobierno y sus reformas deben evaluarse imparcialmente y de su balance obtener las enseñanzas que permitan avanzar a un resultado satisfactorio, por ejemplo, entender que las diferencias entre los promotores deben dejarse de lado y unidos en una sola voz “hacerse oír”.
La oposición, por el desgaste de los partidos y el exceso de burocracia que la lleva a renunciar a los principios en aras de intereses egoístas, necesita de la sociedad civil, la academia, los centros de pensamiento, los gremios. Ellos están llamados a impulsarla. Tendrán destacado papel las acciones judiciales que permitan salvaguardar la división del poder público en ramas y poner en cintura a un presidente que, con su llamado a una ilusa » paz total «, se acerca cada día más a la tiranía, al abuso y al irrespeto de la Constitución.
Es evidente que el gobierno a diario da el material necesario para justificar una oposición activa y presente. Valga anotar como tal lo que ocurrió al finalizar el 2022 cuando el presidente anunció un acuerdo de cese del fuego bilateral con el ELN y otros grupos al margen de la ley. El mandatario, con toda tranquilidad, le mintió al país y así lo hizo saber, poco después, el ELN. El ministro del Interior salió entonces a decir que aquello había sido una audacia del presidente. Lo verídico de este episodio es que se engañó al pueblo Colombiano y puso en evidencia la torpeza e improvisación del Gobierno para actuar.
Las mentiras comprobadas sobre el supuesto cese al fuego del que se informó al finalizar el año no pueden quedar reducidas a denuncias periodísticas o mediáticas.
El ELN fue claro en desautorizar al Presidente. Resulta, entonces, que los decretos expedidos para pactar un cese al fuego inexistente resultan falaces, en particular el 2657 de diciembre 31 de 2022 titulado “Por el cual se decreta el cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter nacional, en el marco del diálogo de carácter político entre el Gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se dictan otras disposiciones”.
Si nunca se convino un cese del fuego con el ELN resulta cínico y desvergonzado expedir una norma al respecto. Y peor aún suspender el decreto basado en una mentira. Esto es un despropósito que nos sitúa ante una falsa motivación y se configura un presunto delito de falsedad ideológica en documento público. Por esto deben responder el jefe del estado y el ministro de Defensa, firmantes del artificioso decreto.
Baste transcribir el artículo 286 del Código Penal para apreciar que se tipifica la conducta: “Artículo 286. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses.”
Otro suceso lo constituye la intromisión del ejecutivo en el poder judicial con la orden presidencial de liberar a la llamada Primera Línea, por la cual la justicia y, en particular, la Fiscalía tuvieron que salir en defensa de la legalidad. El Fiscal se pronunció muy claramente con respecto a este tema y explicó que, al no estar subordinado al presidente sino solamente a la Constitución y a la Ley, tomaría las decisiones con total independencia de las órdenes presidenciales.
El jefe de estado al asumir el poder, acorde con el artículo 192 de la Constitución Política, juró ante Dios y prometió ante el pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, pero la actuación que precede y su empeño ilegal en pretender liberar a los integrantes de la primera línea indica todo lo contrario.
El siguiente acontecimiento que se destaca es el anuncio de un fiscal de Guatemala de apertura de una investigación en contra del ministro de Defensa Iván Velásquez. Se trata de presuntos hechos de corrupción del citado ministro durante el tiempo en que estuvo al frente, en ese país, de la Cicig, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
El presidente salió inmediatamente a defender al ministro en términos tales que creó un conflicto diplomático con Guatemala. Y el cuestionado ministro se pronunció a través de un anodino comunicado que no dice realmente nada.
Un último evento, de los muchos que día a día se producen, es la afectación a la empresa líder de los colombianos, de la que depende que la reforma tributaria funcione. Basta con evaluar el repetitivo discurso en contra de la exploración y explotación de hidrocarburos. Y, en un país con grandes reservas de carbón, el hecho de que el presidente se despache contra este combustible, como acaba de suceder en Davos, no nos permite dudar de que resultaremos todos empobrecidos. Y ocurrirá lo que anticipó el señor expresidente Duque: un suicidio energético.
La oposición no debe olvidar cuál es su rol y debe exigirle al ejecutivo el respeto que los colombianos merecen, su acatamiento a la Constitución y la ley, la no injerencia en asuntos que compete conocer a otros poderes, entre otras, porque solamente por ese camino se defenderá la democracia.
Bogotá, DC, enero 21 de 2023
BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión
