Además de las bajas, la Fuerza Pública reportó la incautación de fusiles, munición de guerra y equipos de comunicación y energía, elementos que evidencian el nivel de logística con el que operan estas estructuras en áreas rurales del suroriente colombiano.
Una operación conjunta de la Fuerza Pública en el departamento del Meta dejó como resultado la neutralización de dos integrantes de una estructura armada ilegal vinculada a las disidencias de las antiguas FARC, así como la incautación de armas y equipos de apoyo logístico. El operativo se desarrolló en zona rural del municipio de Vista Hermosa, en una región históricamente afectada por la presencia de grupos armados y economías ilegales.
De acuerdo con información oficial del Ministerio de Defensa Nacional, la acción fue ejecutada por unidades del Ejército Nacional de Colombia, en el marco de operaciones coordinadas de la Fuerza de Tarea Omega. El despliegue se concentró en la vereda Alto Caño Cafra, donde operaba una célula perteneciente a la estructura Marco Aurelio Buendía, asociada al bloque Jorge Suárez Briceño, una de las facciones activas en el suroriente del país.
Entre los neutralizados se encuentra alias ‘La Gorda’, identificado por inteligencia militar como jefe de seguridad de alias ‘Pate Palo’, señalado cabecilla del grupo armado que responde a alias ‘Calarcá’. Según las autoridades, este resultado representa un golpe a los anillos de seguridad y a la capacidad operativa de la organización en corredores estratégicos que conectan Meta, Caquetá y Guaviare.
Durante la operación también fueron incautados fusiles, munición de guerra y diversos equipos utilizados para el sostenimiento de actividades armadas, entre ellos radios de comunicación y plantas eléctricas. Para las autoridades, este material evidencia el nivel de logística con el que aún cuentan estas estructuras y su intención de mantener presencia armada en áreas rurales de difícil acceso.
El Ministerio de Defensa señaló que este tipo de acciones buscan afectar de manera directa la capacidad de intimidación y control territorial de los grupos armados ilegales, con énfasis en la protección de la población civil. La operación se enmarca en la estrategia de presión sostenida sobre las disidencias que continúan delinquiendo pese a los esfuerzos institucionales por reducir la violencia en el suroriente colombiano.
Finalmente, las autoridades reiteraron que las operaciones militares continuarán en esta región del país, considerada prioritaria por su impacto en la seguridad regional y por la persistencia de estructuras armadas que afectan la estabilidad y la tranquilidad de las comunidades rurales.
