La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia rechazó el ataque indiscriminado ocurrido esta madrugada en Suárez, Cauca, que dejó dos muertos y tres heridos. La entidad hizo un llamado a los grupos armados no estatales para que cesen las agresiones contra la población civil y pidió al Estado fortalecer las medidas de protección en zonas afectadas por la violencia.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia condenó enérgicamente el ataque con explosivos perpetrado en la madrugada de este lunes en el municipio de Suárez, Cauca. El hecho dejó un saldo de dos personas fallecidas, tres heridas y múltiples daños materiales, además de sembrar el pánico entre la población.
“Condenamos el ataque indiscriminado con explosivos que dejó dos personas muertas y tres heridas, además de generar pánico en la población y graves daños a bienes civiles”, expresó la entidad en un comunicado publicado en su cuenta oficial.
El organismo internacional urgió a los grupos armados no estatales presentes en la región a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos humanos. “Reiteramos que los ataques indiscriminados están prohibidos. Llamamos a que se investigue, juzgue y sancione a los responsables”, señaló.
Asimismo, la ONU instó al Estado colombiano a reforzar las medidas de prevención y protección, y a garantizar los derechos humanos mediante la implementación integral de políticas de seguridad y desmantelamiento de estructuras armadas ilegales, especialmente en zonas donde estos grupos mantienen presencia.
De acuerdo con cifras de la propia Oficina de la ONU, entre el 1 de enero y el 3 de noviembre de 2025 se han registrado 42 ataques indiscriminados en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, distribuidos en 12 municipios del Cauca y 4 del Valle. En esos hechos, 19 civiles —entre ellos una lideresa y un líder social— y 8 uniformados han perdido la vida, mientras que al menos 200 personas han resultado heridas.
La ONU reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades afectadas y de promover acciones coordinadas entre las autoridades nacionales y locales para frenar la escalada de violencia que azota el suroccidente colombiano.
