Durante una audiencia, Scott Campbell destacó avances en reforma rural, justicia transicional y reparación a víctimas, pero alertó sobre persistencia de violencia y falta de ejecución integral del acuerdo.
En el marco de la Audiencia Pública sobre Implementación y Avances de la Paz en Colombia, realizada este jueves en Bogotá, el representante de Naciones Unidas en el país, Scott Campbell, hizo un balance de los logros alcanzados desde la firma del Acuerdo Final de Paz y advirtió sobre los retos pendientes que, según dijo, limitan su impacto transformador en los territorios.
Ante la Honorable Cámara de Representantes, entidades del Estado y organismos internacionales, Campbell subrayó que el Acuerdo sigue siendo una herramienta clave para la garantía de derechos humanos, la no repetición y el fortalecimiento del Estado de derecho.
No obstante, insistió en que su implementación debe acelerarse, especialmente en las regiones más golpeadas por la violencia.
Entre los avances reconocidos, mencionó la reforma rural integral —incluida la reciente reforma constitucional que reconoce derechos del campesinado—, el proceso de reincorporación de excombatientes, el programa de reparación a víctimas y el cumplimiento progresivo de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. También destacó el papel de la Unidad de Implementación del Acuerdo y los progresos del Sistema Integral para la Paz.
En particular, reconoció el trabajo de la Unidad de Búsqueda en la entrega digna de restos y en el reencuentro de personas dadas por desaparecidas.
Sin embargo, el representante de la ONU fue enfático en señalar que los vacíos en la implementación han reducido la capacidad del Acuerdo para transformar realidades locales. Aseguró que la expansión de grupos armados no estatales y estructuras criminales ha deteriorado gravemente la situación de derechos humanos en varias zonas del país.
Campbell sostuvo que la actual violencia no es consecuencia del Acuerdo, sino, en buena medida, del incumplimiento de varios de sus ejes fundamentales, diseñados para proteger a las comunidades y modificar las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto.
De cara al proceso electoral y a la transición de gobierno, instó a fortalecer políticas clave como el desmantelamiento de organizaciones armadas, la seguridad humana, la política de drogas y las estrategias de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos. En ese sentido, pidió robustecer la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para mejorar su coordinación y eficacia.
También subrayó la necesidad de avanzar en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), completar el marco jurídico de la jurisdicción agraria y garantizar el cumplimiento del capítulo étnico y del enfoque de género del Acuerdo.
Respecto a los diálogos en curso con actores armados no estatales, insistió en que deben garantizar la participación segura de comunidades y autoridades étnicas, así como incluir compromisos claros sobre el fin del reclutamiento de menores y el respeto a mínimos humanitarios.
