Los propietarios dejaron ver su malestar por las peticiones de retrasar las acciones legales tendientes a la recuperación del predio por intermedio de las autoridades de Policía, para entablar mesas de diálogos con los ocupantes en detrimento de su Derecho de Propiedad.
En horas de la noche del sábado, un grupo de 50 personas se tomaron por la fuerza la Hacienda La Fidela, ubicada en el municipio de Tucurinca, Magdalena, y empezaron a demarcar las parcelas que tienen la intención de repartirse.
Lorena Gaviria Gómez, una de las propietarias de los terrenos ocupados ilegalmente, denuncia que a pesar de la intervención de las autoridades administrativas y de Policía desde el primer momento, ha sido imposible desalojar el terreno. La finca de 23 hectáreas y que es un legado familiar, actualmente está destinada al alquiler para levante de ganado.
“La Policía hizo presencia en el lugar con el alcalde y el secretario de Gobierno, pero no se pudo lograr el desalojo. No sabemos de dónde vienen esas personas alrededor de 50, estamos tratando de averiguar quién o quiénes son los que lideran estas acciones. Dice la gente que son de Fundación, de Aracataca, que son de aquí mismo de Tucurinca, pero no tenemos certeza”, comentó Lorena Gaviria.
Los preocupados propietarios, aseguran que los nuevos diseños de la vía que pasa por la finca demandaron la demolición de la casa donde se regentaban los terrenos, hecho que pudo haber sido aprovechado por los invasores para estudiar el terreno y planear al detalle la ocupación ilegal.
“Son 23 hectáreas que siempre han sido destinada a arriendo para ganadería. En este último tiempo la Concesionaria Vial Yuma derribó la casa que había en la finca. La última persona a la que se lo arrendamos no podía pernoctar en el lugar por esta situación. El domingo por la tarde estas personas lo expulsaron quedándose con nuestros terrenos”, dijo Lorena Gaviria Gómez.
Dejaron ver su molestia por lo que ha considerado acciones dilatorias del secretario de Gobierno de Tucurinca, quien les solicita obviar los plazos legales para presentar las denuncias y querellas que habilitan el desalojo forzoso tras 48 horas de ocupación ilegal o perturbación, para iniciar mezas de diálogo y concertación con los invasores.
“Tenemos un problema complejo, porque el secretario de Gobierno dice que esperemos hasta el miércoles o jueves y nosotros no estamos dispuestos a dejar pasar las 48 horas legales para que se proceda al desalojo con la Fuerza Pública. Tenemos miedo a que si le damos largo perdamos nuestra tierra”, señaló Lorena Gaviria.
Aseguran que negociar con los invasores no es una opción que estén contemplando, pues saben que la Ley es clara a este respecto. “Aunque trató de convencernos de que la mejor opción era sentarnos de nuevo a razonar y negociar con ellos, nosotros, creemos que no, porque lo que realmente quieren impedir son los bloqueos a la troncal y otros asuntos que a la Alcaldía no le conviene que pasen y sentimos que su intención era obstaculizar el procedimiento legal para que la Fuerza Pública haga los desalojos, que es lo que queremos nosotros”, explicó Gaviria Gómez con cierto halo de escepticismo sobre la real ayuda que puedan prestar la Alcaldía en este caso.
Finalmente, dijo que estaba trabajando en la interposición de las denuncias en la Fiscalía y presentando la querella en la Policía para que desalojen cuanto antes, además, que dejarán la actividad del arriendo para ponerse en primera persona al frente de sus tierras.
“Nosotros, varios hermanos por nuestra profesión estábamos al margen de este asunto, pero viendo las cosas como están, estamos pensado en invertir en el sector agropecuario y tener más control”, puntualizó Lorena Gaviria.
Hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad departamental ni nacional se había pronunciado sobre el particular.
