La defensora de derechos humanos señaló ocupaciones territoriales, disputas por beneficios económicos y riesgos de seguridad en la zona. Sus declaraciones reabren el debate sobre la administración del parque, el respeto a los territorios sagrados y la necesidad de un enfoque integral en derechos humanos.
El cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona, ordenado por el Gobierno nacional ante riesgos de orden público, continúa generando reacciones desde sectores sociales y de derechos humanos. Norma Vera, defensora de derechos humanos y conocedora de las dinámicas territoriales de la Sierra Nevada, advirtió que la medida debe analizarse en el contexto de conflictos históricos entre comunidades indígenas, administración estatal y actividades económicas en el área protegida.
Vera subrayó que el parque se superpone con territorios ancestrales de pueblos indígenas, lo que ha dado lugar a reclamaciones persistentes. “Gran parte del parque se encuentra sobre la Línea Negra, correspondiente al pueblo Kogui”, explicó, al destacar el carácter sagrado del territorio para estas comunidades y la necesidad de que cualquier decisión estatal respete sus derechos culturales y espirituales.
La defensora recordó que los cierres periódicos del parque por parte de los pueblos indígenas forman parte de prácticas tradicionales. “Se pierde un mes para que los indígenas puedan realizar sus rituales y generar procesos de corte espiritual en territorios que consideran sagrados”, señaló, enfatizando que estos espacios son esenciales para la pervivencia cultural y la armonía territorial.
Sin embargo, advirtió que la coyuntura actual refleja tensiones más profundas. “Hay reclamaciones sobre ocupación del territorio, actividades económicas que no están siendo distribuidas con las comunidades indígenas y problemas de seguridad”, afirmó, al señalar que el Tayrona enfrenta disputas entre concesiones turísticas, presencia institucional y demandas de autonomía.
Vera también alertó sobre riesgos derivados de la presencia de actores armados y economías ilegales en áreas cercanas. “Existen problemas de seguridad y gobernanza criminal que afectan no solo a los pueblos indígenas, sino a toda la población de la Sierra Nevada”, sostuvo, al insistir en la necesidad de una respuesta estatal integral con enfoque de derechos humanos.
En su análisis, planteó que el modelo de administración del parque requiere revisión. Indicó que el esquema centralizado y las concesiones turísticas deben evaluarse a la luz de los derechos territoriales y la participación efectiva de las comunidades. Para Vera, el futuro del Tayrona dependerá de reconocer su dimensión espiritual, garantizar la protección de los derechos indígenas y construir soluciones que integren seguridad, ambiente y justicia territorial.
