Desde antes de llegar al país, el exjefe paramilitar ha estado ofreciendo versiones que vinculan al político con la comisión de delitos y alianzas con esa organización armada ilegal para hacerse con el poder.
Salvatore Mancuso fue extraditado hacia los Estados Unidos luego de que se comprobara que seguía delinquiendo después de su desvinculación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el marco del proceso de Justicia y Paz.
El otrora poderoso líder paramilitar, quien reconoció públicamente la comisión de miles de asesinatos e incursiones contra la Fuerza Pública, regresó al país para vincularse al proceso de Paz Total del presidente Petro.
La aparente carta de presentación de Mancuso, son las declaraciones que ha dado en varias diligencias judiciales ante el tribunal de Justicia Especial para la Paz (JEP) y entrevistas en medios de comunicación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Mancuso retornó al país luego de purgar una pena de 17 años en una cárcel en Atlanta, Georgia, EE. UU. Meses antes de recobrar su libertad en el gigante del Norte, el exjefe paramilitar fue designado Gestor de Paz por el presidente Gustavo Petro.
Tras varios meses en un limbo jurídico y con el temor de volver a las cárceles colombianas, Mancuso estuvo desde un centro de detención transitorio en Estados Unidos ‘ofreciendo’ verdad a las víctimas y entregando información ‘valiosa’ que diera cuenta de su voluntad de colaborar con la justicia colombiana, habida cuenta de los más de 75.000 crímenes que se le atribuyen.
A pesar de eso, tras su llegada al país fue capturado e ingresado a los calabozos de la Cárcel La Picota de Bogotá, al tiempo que sus abogados se movían buscando para Mancuso la libertad que trae aparejada su nombramiento como Gestor de Paz.
La tarde del pasado miércoles 10 de julio, la flamante incorporación del presidente Petro al proceso de Paz Total, salió de la cárcel con rumbo a Medellín, ciudad que ha escogido como residencia. Salvatore Mancuso estará escoltado por un robusto esquema de seguridad.
Los ‘buenos oficios’ de Salvatore Mancuso en temas de paz, tendrán como limitación las áreas donde su organización criminal tuvo injerencia, es decir, tiene prohibido judicialmente hacer presencia en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre, Atlántico, Meta, Magdalena, Antioquia y Valle.
Rechazo generalizado
Uno de los primeros en cuestionar el papel ‘relevante’ que el gobierno le otorga a un personaje de esta traza, fue el expresidente Álvaro Uribe, quien alerta sobre la incidencia que sobre su imagen y situación jurídica puedan tener las acciones del nuevo Gestor de Paz.
“No sorprende la finalidad de la libertad de Mancuso, pero los otros, con 19 años de cárcel, que no se prestan para hacer el juego de “bisagras”, los discriminan y no los reconocen como gestores de paz. Recuerdo que reconocí como gestores de paz, después de muchos años de cárcel, a Francisco Galán y a Felipe Torres del ELN. Por eso obtuvieron libertad”, señaló Uribe, quien durante sus ocho años en el poder logró someter a estas organizaciones al margen de la ley, hasta obligarlas a desmovilizarse sin ningún tipo de beneficio.
Por su parte, Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá, rechazó de plano el hecho en sus redes sociales, pues, a su modo de ver, significa una cachetada a quienes desde su extradición reclaman justicia, verdad y reclamación sin obtener respuesta.
“Y @petrogustavo dejó en libertad a uno de los peores y más sanguinarios criminales de la historia de Colombia. La libertad de Mancuso es una afrenta a sus víctimas y una pésima señal en un país en el que la impunidad campea a sus anchas”, trinó Forero.
El reconocido periodista deportivo, Cesar Augusto Londoño, también cuestionó duramente el nuevo rol de Mancuso y puso en tela de juicio los resultados que pueda obtener en ese sentido.
“Quedó libre Mancuso. Eso demuestra que en estas épocas de “la paz total” es más beneficioso ser bandido, ladrón y asesino arrepentido, que honrado, decente y honesto decidido”, puntualizó en su cuenta en X el comunicador, adjuntando un video de la caravana de seguridad proveída por el Estado.
