La senadora Cabal propone aplazamiento de debate sobre la Jurisdicción Agraria.
En la sesión de la Comisión Primera del Senado de la República, la congresista María Fernanda Cabal propuso el aplazamiento del debate sobre la Jurisdicción Agraria. En una declaración, mencionó las razones para esta posición.
«Nos damos cuenta que el proyecto del Gobierno no contiene las recomendaciones de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia», expresó la senadora Cabal.
La congresista indicó que este sigue siendo un proyecto «activista», que busca convertir la justicia en activista, otorgando al juez poderes para desconocer la propiedad privada.
«Nuestra reunión de ahí con la Corte fue importantísima y nuestra tesis es que, así como el Código Laboral se trabajó con la Sala Laboral de la Corte Suprema, así la Jurisdicción Agraria tiene que ir ajustada a parámetros técnicos recomendados por los magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia», agregó Cabal.
La senadora enfatizó en la importancia de que el proyecto de Jurisdicción Agraria siga los parámetros técnicos recomendados por los magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, y no desconozca el derecho civil ni el contencioso administrativo.
“La Ley de Restitución de Tierras dejó pobres a más de 6000 familias, y a campesinos pobres los dejó en la indigencia. Este nuevo modelo, si no sigue los parámetros del derecho civil, que es su base y no respeta el contencioso administrativo y cree que puede tener un paraguas encima de todo haciendo lo que se les da la gana, pues a eso no le vamos a apostar”, dijo.
La senadora agregó, “Estamos proponiendo el aplazamiento de la Jurisdicción Agraria, que tiene serios reparos de las Cortes, los Gremios y la Academia. No permitiremos que el activismo judicial atente contra la propiedad privada que este Gobierno no se cansa de perseguir», concluyó la senadora Cabal”, puntualizó.
Contexto
La jurisdicción agraria es un nuevo poder que se le concedería a los jueces y magistrados para resolver de manera exclusiva y especializada, los conflictos agrarios y rurales del país, tales como uso y tenencia de tierra, contratos agrarios, lanzamientos por ocupaciones de hecho, posesión de predios rurales privados, entre otros.
