¡No aguantan más! Persisten amenazas extorsivas de las FARC a comerciantes del Meta

Ante las intimidaciones, los empresarios locales se han visto obligados a cerrar sus negocios.

En una preocupante escalada de intimidación, comerciantes del departamento del Meta, especialmente de los municipios de Mesetas y Uribe, vienen denunciando que han recibido citaciones por parte de las FARC para exigirles contribuciones monetarias bajo amenaza de represalias. Esta práctica, descrita como una forma de extorsión, ha generado preocupación y alarma entre la comunidad empresarial local.

Según testimonios recabados, los comerciantes han recibido cartas del grupo guerrillero solicitando pagos regulares para, según se describe en las misivas, «apoyar la causa». Estos documentos van acompañados de insinuaciones sobre posibles represalias si no se cumplen con las exigencias financieras establecidas.

La situación ha generado un clima de temor entre los empresarios locales, quienes se han visto obligados a enfrentar una encrucijada entre el cumplimiento de estas demandas y la preocupación por su seguridad personal; muchos de ellos han optado por cerrar sus negocios.

Ante estos eventos, la comunidad expresó su inquietud y solicitó la intervención urgente de las autoridades para garantizar la protección de los derechos de los comerciantes y salvaguardar la seguridad en la región.

La Defensoría del Pueblo condenó enérgicamente estas recurrentes citaciones que ponen en riesgo la vida de la comunidad.

La entidad enfatizó que este tipo de acciones constituyen una violación directa de los derechos de los comerciantes y un intento claro de intimidación y extorsión. Además, instó a las autoridades a investigar estos actos y tomar medidas efectivas para proteger la seguridad y los derechos de los ciudadanos afectados.

Para la Defensoría, esta situación subraya la importancia de fortalecer la presencia institucional del Estado en las zonas afectadas por conflictos históricos, así como de implementar estrategias efectivas para prevenir y enfrentar actividades delictivas que puedan vulnerar la paz y la convivencia pacífica en la región del Meta.