Desde la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado urgente a la implementación de medidas para impedir el avance de esta práctica, que viene provocando daños significativos en las comunidades indígenas y rurales más alejadas.
Las imágenes que circularon en medio de la crisis humanitaria en el Catatumbo que dejó más de un centenar de muertos y 55.000 desplazados, mostraron de manera explicita el contexto en el que se levanta la niñez en esos territorios, situación similar, se vive en Chocó, Cauca, Nariño y las estribaciones de la Sierra Nevada.
Esta expansión y reorganización de los grupos armados ilegales en todo el territorio nacional, también dejó ver la incapacidad del Estado para garantizar el desarrollo de los menores como lo ordena la Carta Política y que ha sido ratificado por la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia.
Uno de los problemas más graves que afrontan los menores de edad en los convulsos territorios que dominan y disputan las organizaciones al margen de la ley, es el reclutamiento forzado.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo reportó que seis menores y jóvenes indígenas se suicidaron entre enero y junio del año pasado para evitar ser desarraigados de sus territorios. Esta dura realidad, es cada vez más frecuente en las comunidades rurales alejadas donde los grupos armados reemplazan al Estado. La Procuraduría también ha señalado que el temor al reclutamiento forzado está causando alta deserción escolar y desplazamientos masivos.
Preocupante realidad
La tarde del pasado miércoles (5 de marzo de 2025) la Defensoría liberó las estadísticas de reclutamiento forzado de menores para el año 2024, dejando el descubierto un alarmante incremento en este fenómeno.
Según datos consolidados y manejadas por la entidad humanitaria, durante 2024 se registraron 463 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Las estadísticas son un claro reflejo de las dinámicas de terror implantadas por los grupos armados ilegales.
El informe detalla que 279 de las víctimas son niños, mientras que 184 son niñas. Este fenómeno, de acuerdo con la información suministrada por la entidad estatal, afecta principalmente a los departamentos Cauca, Nariño y Putumayo, donde se concentra la actividad de organizaciones armadas como el Estado Mayor Central (170 casos atribuidos), disidencias sin especificar (165) y otros grupos como el ELN (10 casos) y el Ejército Gaitanista de Colombia (13 casos).
Analistas coinciden en que el accionar de estos grupos en esas regiones no solo perpetúa el ciclo sin fin de violencia que ya completa 70 años, sino que también, en estas regiones se agrava la pobreza y agudizan los efectos de la exclusión social.
Yendo más en detalle, elboletín advierte que, con 325 menores reclutados a la fuerza, el departamento del Cauca va en la vanguardia de esta funesta estadística, seguido de Nariño y Putumayo. En cuanto a los meses de mayor ocurrencia, precisó que fueron enero con 67 casos y octubre donde se reportaron 42.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a la implementación de estrategias efectivas que permitan prevenir esta práctica, ya que, aunque existen políticas públicas en ese sentido, sus efectos han sido insuficientes frente a la magnitud del problema.
