El septuagenario político ingresó este lunes a la prisión para cumplir cinco años de condena por financiación ilegal de su campaña de 2007, en parte sufragada por el régimen libio de Muamar Gadafi. Se trata de un caso histórico que sacude a Europa y envía un mensaje sobre justicia y poder.
Por primera vez en la historia reciente de Francia, un antiguo jefe de Estado ha sido encarcelado por corrupción política. Nicolas Sarkozy, presidente entre 2007 y 2012, fue trasladado este lunes (20-10-2025) al centro penitenciario de La Santé, donde deberá cumplir una pena de cinco años, dos de ellos de forma efectiva, por delitos relacionados con financiación electoral ilegal y asociación criminal.
El caso, conocido como el “escándalo libio”, probó que Sarkozy recibió varios millones de euros del gobierno de Muamar Gadafi para sufragar su campaña presidencial de 2007, en violación directa de las normas francesas sobre topes y transparencia en gastos electorales. Los fondos habrían ingresado a través de intermediarios y estructuras opacas que posteriormente intentaron ocultar.
La justicia francesa, tras un proceso de más de 10 años, concluyó que existió una “estrategia deliberada de ocultamiento” por parte del entorno del exmandatario. Aunque sus abogados sostienen que se trata de una “persecución política”, el fallo fue confirmado por la Corte de Casación y el ingreso a prisión fue inmediato.
A las afueras del penal, su esposa Carla Bruni lo despidió con un gesto sereno. Mientras tanto, el presidente Emmanuel Macron declaró que “nadie está por encima de la ley” y calificó el fallo como un recordatorio de los principios republicanos.
Más allá de las fronteras francesas, el caso reaviva el debate sobre el uso ilícito de dinero en campañas políticas. En Colombia, por ejemplo, hay evidencias y procesos en curso, surgidos de reiteradas denuncias sobre financiación ilegal, violación de topes y opacidad en la procedencia de recursos electorales, tanto en elecciones presidenciales como locales. Analistas aseguran que el precedente europeo refuerza la exigencia ciudadana en el país de mayor transparencia y control efectivo sobre los dineros de la política.
