Con más de 250.000 hectáreas sembradas con coca y una reducción del 91% en la erradicación manual, el narcotráfico vuelve a posicionarse como motor de la violencia. El exministro advirtió que el crimen organizado está detrás del aumento del secuestro, la extorsión y el terrorismo en Colombia.
El deterioro de la seguridad en Colombia tiene una causa estructural que no puede ser ignorada: el crecimiento desbordado del narcotráfico. Así lo advirtió el exministro José Manuel Restrepo al analizar los indicadores de criminalidad entre 2021 y 2025, en un contexto marcado por el debilitamiento de la política antidrogas y el repliegue del Estado en regiones clave.
Según Restrepo, el país enfrenta hoy “más de 250.000 hectáreas de cultivos ilícitos”, una cifra que contrasta con la caída del 91% en la erradicación manual de coca desde que inició el actual gobierno. “Esto significa menos presencia institucional en zonas cocaleras y más poder para economías ilegales que financian grupos armados, redes de extorsión y estructuras criminales con capacidad de control territorial”, explicó.
Este escenario, desde su perspectiva, tiene efectos visibles en otros delitos: el secuestro se incrementó en un 154% entre 2021 y 2025, la extorsión subió 59% y el terrorismo, 14%. Las preocupantes cifras en ese orden de ideas, lejos de ser aisladas, responden a un patrón de expansión criminal facilitado por la falta de una política clara frente a los cultivos ilícitos y el narcotráfico.
“El narcotráfico no solo destruye comunidades rurales, sino que alimenta la violencia urbana, desestabiliza el orden público y amenaza la democracia. Estamos perdiendo control sobre partes enteras del territorio nacional”, advirtió Restrepo, quien hizo un llamado a que en las elecciones de 2026 se recupere una agenda firme en materia de seguridad.
A su juicio, se necesita una estrategia integral que combine erradicación efectiva, sustitución sostenible, inteligencia financiera contra las redes narco y una presencia permanente del Estado en los territorios.
“La seguridad debe volver a ser una prioridad nacional. No se trata de nostalgia, sino de supervivencia institucional”, concluyó el exministro de Hacienda y Crédito público, insistiendo en que el país enfrenta un desafío estructural: combatir el resurgimiento de un poder criminal que ha aprendido a mutar, infiltrar y resistir.
