Durante una visita humanitaria, la Defensora del Pueblo alertó sobre el grave confinamiento, el abandono estatal y las afectaciones a niños y comunidades en Versalles, Pacelli, El Tarra y otros sectores del Catatumbo. Hizo un llamado urgente al Estado y a los grupos armados a proteger a la población civil y respetar el Derecho Internacional Humanitario.
“Hemos venido al Catatumbo a escuchar el clamor de paz de comunidades que hoy viven entre el miedo, el confinamiento y el abandono”, expresó la Defensora del Pueblo, Iris Marín, durante la visita realizada junto a la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica, en el marco de una comisión humanitaria que recorrió las zonas más afectadas por el recrudecimiento de la violencia en las últimas semanas.
La misión, integrada por la Defensoría del Pueblo, la Misión ONU y las Diócesis de Tibú y Ocaña, tuvo como objetivo verificar la situación humanitaria y entregar ayudas remitidas por la Gobernación de Norte de Santander, el ICBF y la Unidad para las Víctimas. Los apoyos llegaron a comunidades de los corregimientos de Versalles y Pacelli, aunque no lograron cubrir a todas las poblaciones visitadas.
Según constató la comisión, el Frente 33 de las disidencias de las Farc—en proceso de negociación con el Gobierno— y el ELN continúan disputándose el control del territorio, sin considerar los impactos sobre la población civil.
Entre las afectaciones más graves se encuentran el uso permanente de drones que sobrevuelan las comunidades y lanzan explosivos, la presencia de minas antipersonal y los enfrentamientos armados, factores que mantienen a la población en una zozobra constante.
En Versalles, corregimiento del municipio de Tibú, la comisión encontró un pueblo prácticamente aislado desde el paro armado decretado por el ELN entre el 14 y el 17 de diciembre pasado. La circulación por las vías está prohibida, no llegan alimentos ni gas, las familias permanecen confinadas y el sistema educativo está paralizado: los docentes renunciaron y no existe conectividad para que niños, niñas y adolescentes accedan a clases virtuales.
“No queremos irnos, pero no se puede vivir así”, expresó la comunidad.
Situaciones similares se registran en las veredas Guayabal y Angarés, así como en Pacelli, donde la confrontación armada ha paralizado la economía, suspendido el transporte y generado amenazas contra líderes sociales, dos de los cuales tuvieron que abandonar el territorio. La atención en salud es crítica ante la ausencia de personal médico, lo que convierte cualquier emergencia en una posible tragedia.
La comisión también visitó el corregimiento de Filogringo, en El Tarra, que tras más de 20 años de haber sido destruido por grupos paramilitares había avanzado en su recuperación, pero hoy se encuentra nuevamente casi deshabitado tras los enfrentamientos registrados entre el 29 y el 31 de diciembre. Allí se observaron viviendas destruidas, restos de artefactos explosivos y municiones sin detonar expuestas en espacios públicos, incluso al alcance de niños y niñas.
En El Tarra, además, han llegado familias desplazadas por los recientes combates, muchas de ellas acogidas por la solidaridad comunitaria, pero sin recibir aún ayuda humanitaria. A esto se suma una profunda afectación psicosocial: niños, niñas, jóvenes y adultos viven con temor permanente por los explosivos, los drones y los enfrentamientos. Parte de la población afectada corresponde a migrantes venezolanos, quienes enfrentan barreras adicionales para acceder a la atención humanitaria.
Ante este panorama, la Defensora del Pueblo hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario, cesen de inmediato la violencia contra la población civil, permitan la libre movilidad, restablezcan el transporte público y descontaminen el territorio de artefactos explosivos.
Al Estado le pidió adoptar medidas inmediatas de protección, garantizar una presencia institucional permanente y asegurar el acceso a salud, educación, conectividad y atención psicosocial.
“Las comunidades piden lo más básico: libertad para movilizarse, para trabajar y para vivir sin miedo”, concluyó la Defensora, al reiterar el compromiso de la comisión humanitaria de seguir acompañando al Catatumbo y mantener el acceso humanitario en medio de una de las crisis más graves que enfrenta la región.
