La cartera señaló que estos componentes afectan la evolución del gasto y deben incluirse en cualquier modelación fiscal. La respuesta oficial destacó que el informe del Comité aporta insumos, pero no representa la estructura prevista para la transición del sistema de salud.
El Ministerio de Salud y Protección Social emitió una comunicación oficial en la que responde al informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), cuyas proyecciones estimaron que la reforma a la salud podría generar presiones fiscales cercanas a 0,5 puntos del PIB anual en la próxima década. La cartera expuso una serie de objeciones metodológicas y pidió contextualizar las cifras difundidas.
Según el documento, “las proyecciones del CARF parten de supuestos que no reflejan la estructura real del proyecto de ley”. La entidad indicó que la reforma no debe entenderse como una ampliación del modelo vigente y afirmó que el informe “omite elementos como la reorganización del sistema, la eficiencia administrativa y la planificación del gasto basada en prevención”. En la comunicación se señala que estos componentes forman parte del diseño propuesto y que, a juicio del Ministerio, debieron ser incluidos en el análisis fiscal.
La respuesta también aborda la manera en que el CARF proyectó la Unidad de Pago por Capitación (UPC). El texto afirma que las estimaciones del organismo “se elaboraron con base en la historia reciente del sistema”, lo cual —según la cartera— no incorpora las variaciones demográficas, epidemiológicas o tecnológicas que, estima, modificarán el comportamiento del gasto en los próximos años.
Durante el pronunciamiento, la entidad citó cifras del Banco Interamericano de Desarrollo para ilustrar características del modelo actual. Según el Ministerio, el BID reportó en 2023 que Colombia destinó 5,4 % del gasto en salud a administración y registró una brecha en precios de medicamentos frente a otros países. La cartera sostuvo que estas referencias no deberían utilizarse como parámetros para proyectar el funcionamiento de un sistema distinto.
El comunicado también menciona que algunas inversiones incluidas en las proyecciones del CARF —infraestructura, actualización tecnológica y atención de obligaciones acumuladas en el sector— corresponden a responsabilidades que deben ejecutarse en cualquier esquema institucional. En ese sentido, Salud indicó que dichos rubros no deberían atribuirse de manera exclusiva a la reforma en discusión.
Otro punto destacado se refiere al sistema de gestión de recursos previsto en el proyecto. De acuerdo con la comunicación, el análisis del CARF “no incorpora la interoperabilidad de la información clínica ni la reorganización de la red pública”, aspectos que, según la cartera, forman parte del articulado.
Finalmente, la entidad concluye señalando que las cifras divulgadas por el CARF “aportan insumos al debate”, pero sostuvo que “no se ajustan al diseño del proyecto de ley”. La discusión continuará en medio del trámite legislativo, luego de que el organismo fiscal y la cartera presentaran lecturas distintas sobre los posibles efectos de la transición propuesta.
