Este alarmante panorama fue denunciado por la representante a la Cámara Luz Pastrana, quien advirtió que la información divulgada la obtuvo de un alto funcionario de la cartera en cuestión. Hasta el momento se desconoce la versión de la entidad.
La región del Catatumbo, ubicada en el departamento de Norte de Santander, enfrenta una de las peores crisis humanitarias de la última década. Desde mediados de enero de 2025, como hemos reportado en este medio, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han dejado más de 53.000 personas desplazadas; 32.000 confinadas y al menos 103 muertos.
En el marco de este contexto convulso y la atención del Gobierno Nacional en otros asuntos ‘prioritarios’, la representante a la Cámara por el Huila, Luz Ayda Pastrana, formuló una grave denuncia.
Según la congresista huilense, desde el inicio de la guerra en el Catatumbo, el sistema escolar nacional, departamental y local, ha perdido el rastro de un número importante de menores de edad, que sin más y dada la realidad del territorio, pueden estar hoy en manos de los grupos armados.
«Son 2.188 niños que el Ministerio de Educación está diciendo que no sabe dónde están: […] no aparecen en albergues, no están en los colegios, no aparecen como desplazados», afirmó Pastrana, quien reveló datos proporcionados por la viceministra de Educación durante la sesión de la Comisión Legal para la Mujer en Cúcuta.
La congresista precisó que durante los enfrentamientos que protagonizaron el ELN y las disidencias de las Farc, 46.874 niños estuvieron desescolarizados por más de una semana, sin embargo, ya retomaron las clases. Adicionalmente, que 44.741 menores reciben clases en alternancia, es decir, combinan la presencialidad y la virtualidad.
Pastrana, también destacó la labor de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que según las estadísticas que maneja, está atendiendo de manera integral a casi 10.000 niños de la región, al tiempo que insistió en la importancia de saber dónde están los más de 2.000 menores que salieron de la ‘órbita’ de las entidades de educación.
Hasta el momento, no se conoce ningún pronunciamiento por parte del Ministerio de Educación, respecto de esta denuncia. Finalmente, algunos analistas han advertido que las denuncias de Luz Pastrana ponen de manifiesto las dificultades del Estado colombiano para garantizar de manera efectiva el derecho a la educación en zonas afectadas por el conflicto armado.
