La Procuraduría exige acciones frente al cierre de locales de SuperGiros por amenazas del Clan del Golfo.
La Procuraduría solicitó al Ministerio de Defensa un informe detallado sobre las medidas adoptadas frente al cierre de 3.000 locales de la cadena SuperGiros en la Costa Caribe, motivado por amenazas de integrantes del Clan del Golfo.
Según el organismo, esta situación ha generado un impacto negativo en los ciudadanos de la región, quienes dependen de los servicios que ofrece la compañía. SuperGiros tomó la decisión de cesar sus operaciones en dichos locales debido a las acciones violentas y de intimidación perpetradas por este grupo armado ilegal.
En un oficio, la Procuraduría destacó que “a través de actos violentos, intimidación y amenazas, el Clan del Golfo ha forzado a los trabajadores de esta empresa a cesar actividades, generando no solo un daño económico y operacional a la empresa, sino también a las comunidades que dependen de sus servicios”.
El procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, advirtió que las acciones del grupo armado afectan no solo los derechos de la empresa, sino también los de sus empleados, limitando su acceso al trabajo y poniendo en riesgo su seguridad personal. “La acción criminal del Clan del Golfo no solo vulnera los derechos a la libre asociación y empresa de SuperGiros, sino también los derechos al trabajo y a la integridad personal de sus trabajadores, así como el mínimo vital y la seguridad de la población de la Costa Caribe”, afirmó Sarmiento.
Ante esta situación, la Procuraduría también exigió al Ministerio de Defensa un informe sobre las acciones que, junto con la Policía Nacional, se están implementando para garantizar la seguridad de la empresa y de sus empleados.
“Sírvase indicar qué acciones desarrollará el Ministerio de Defensa para garantizar el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, al trabajo y, en general, a la seguridad de los empleados de SuperGiros y de la misma empresa en virtud de las funciones asignadas a la Policía Nacional”, concluye el documento.
Este pronunciamiento responde a reportes recientes que indican la circulación de panfletos atribuidos al Ejército Gaitanista de Colombia, señalados como responsables de las amenazas y presiones en el Atlántico.
