Además de un discurso las más de las veces estigmatizante, el presidente ha asumido una actitud indiferente frente a los muchos problemas que hoy aquejan a los productores del país, la mayoría de ellos, pequeños. Algunos de sus ministros de gabinete y altos funcionarios con competencia en temas agrarios, son igual de hostiles.
En octubre de 2022, los más de 700.000 ganaderos afiliados a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), firmaron, en cabeza de José Félix Lafaurie, un acuerdo para ofertar y vender al Gobierno Nacional la tierra necesaria para implementar la reforma rural integral, uno de los programas bandera del presidente Petro.
A pesar de los constantes manoseos al proceso y las veladas amenazas de expropiación por la vía administrativa, a octubre de 2023, los ganaderos colombianos habían ofertado a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) un poco más de un millón y medio de hectáreas, no obstante, por asuntos burocráticos y administrativos, el proceso de compra ha sido demorado, eventualidad en la que Fedegán no tiene ninguna responsabilidad.
Ganaderos impulsan iniciativas del Gobierno
“Honraremos el Acuerdo de Tierras firmado con el Gobierno, porque creemos en el derecho del campesino a ser propietario, pero con las condiciones que dignifiquen su vida y le permitan superar la pobreza. […]Cumpliremos, para que nadie, nunca más, pretenda referirse a los ganaderos como terratenientes que se oponen a tan legítimo derecho; un estigma que no se compadece con la realidad de más de 600.000 productores, muchos de ellos campesinos que hacen parte de la pobreza rural”, dijo en su momento Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán y cabeza visible del gremio.
Al tiempo que eso sucedía, el país vivía y aún hoy vive, una oleada de ocupaciones ilegales que se perpetúan en el tiempo, muchas veces con complacencia de las autoridades, distraídas por el discurso permisivo y ambiguo del presidente y varios de los ministro de su gabinete, quienes, contra la lógica de los hechos y los reportes, asumen una posición displicente frente al problema.
Tan fuerte ha sido el impacto de estas dinámicas en el patrimonio de los empresarios, que han tenido que unirse en Brigadas Solidarias Ganaderas, movilizaciones de productores hacia los predios invadidos para acompañar a las autoridades en la correcta ejecución de los procedimientos de restitución del bien inmueble y el respeto por los derechos fundamentales.
Siempre hay un pero
La situación se ha salido de control, al punto de tener una tercera parte del territorio dominado por estructuras criminales. De acuerdo con datos de organizaciones que monitorean el conflicto, actualmente hay 400 municipios en toda Colombia donde impera la voluntad de las organizaciones armadas al margen de la ley.
Dadas las circunstancias: el gremio ganadero sufrió en los últimos 14 años más de 35.000 ataques de cuatreros, relacionados principalmente con los delitos de abigeato y carneo, Fedegán implementó una estrategia denominada Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera, los cuales articularán las inquietudes de los productores con las planes, estrategias y acciones de la Fuerza Pública y las autoridades administrativas para hacerle frente a la delincuencia.
Ante la andanada de críticas, principalmente del gobierno y sus electores, los cuales estigmatizan la iniciativa alineándola con las estructuras armadas que se originaron en los 80 y 90 y de las cuales se tiene una penosa recordación.
“Los delitos son combatidos por las autoridades, no por los particulares. El Gobierno no patrocina, no promueve, no apoya, no respalda, ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo, que esa es una forma de autodefensa con la que no estamos de acuerdo”, comentó recientemente el ministro de Defensa, Iván Velázquez.
Esta versión, claramente estigmatizante, dista mucho de lo expuesto en muchos escenarios por el presidente ejecutivo de Fedegán, quien ha sido enfático en que no se trata de un ejército de hombres armados ni grupos de reacción, sino, estructuras organizadas orientadas a crear sentido de pertenencia y la transmisión de información para la toma de decisiones por parte de los gobernantes, la Fuerza Pública y otras entidades involucradas.
“Colombia es un país que se sensibiliza de manera equivocada, es decir, mientras que el ciudadano en las ciudades puede recurrir a los frentes de seguridad y a los cuadrantes de la Policía, resulta que los ciudadanos de las zonas rurales, no. […] Estos frentes lo que van a hacer es generar alertas tempranas para que las autoridades actúen, lo hicimos con las brigadas solidarias y funcionó, cuando los ganaderos empiezan a construir tejido social y tejido gremial en este caso, las cosas con totalmente diferentes”, comentó el alto ejecutivo.
Luz verde para los bandidos
Como si eso fuera poco, en estos tiempos de crisis por cuenta del fenómeno de El Niño, medianos y grandes ganaderos, afectados en proporción al tamaño de su hato, no han recibido ayuda alguna por parte de las instituciones del Estado, lo dicho hasta aquí, contrasta, por ejemplo, con el trato que le viene dando el Gobierno Nacional a organizaciones armadas en ‘diálogos de paz’.
Un caso que salta a la vista, es el del Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla con la que el Estado colombiano se encuentra negociando una salida pacífica al conflicto y que, a pesar de haber suscrito acuerdos que prohíben la extorsión, el secuestro y hostigamiento a civiles y militares, ejecuta todas esas acciones sin ningún pudor ni recato.
A pesar de las muchas pruebas de que incumplieron en muchas oportunidades el acuerdo, se puso fin a un nuevo ciclo de conversaciones donde se dio luz verde a la creación de un fondo multidonante para financiar el proceso de paz con el ELN. Situación que levantó algunos cayos en el país, pero que salió rápidamente de la agenda informativa.
Esta prebenda, a la que el Gobierno Nacional le apuesta y sugerida por el ELN como mecanismo para detener los secuestros extorsivos, no parece convencer a los delegados de esa guerrilla en la mesa, pues, tras conocerse los acercamientos para la implementación de diálogos regionales con las estructuras que operan en el departamento de Nariño, enviaron una comunicado donde prácticamente dan por terminadas las negociaciones.
“Al hacerse público tal montaje, disfrazado de diálogos regionales, el proceso entra en abierta crisis y nos vemos en la obligación de llamar a consultas a nuestra Delegación. Sin ser de nuestra responsabilidad lo acontecido, los diálogos entre el ELN y el Gobierno Nacional entrarían en una fase de congelamiento mientras el Gobierno se disponga a cumplir lo acordado”, se lee en la misiva firmada por el Comando Central.
Así pues, dada la realidad que vive el sector ganadero con las políticas administrativas de la Colombia Humana, puede concluirse que el presidente Gustavo Petro le dio la espalda.