El programa de vivienda ya no es consecuente con las características socieconómicas de la población más vulnerable que no tiene la capacidad de pago para acceder al sistema financiero.
La modificación que hizo el gobierno de Gustavo Petro en las condiciones de acceso al programa de vivienda de interés social “Mi Casa Ya” afectó la entrega de subsidios en 2023 y, además, no es consecuente con las características socieconómicas de la población vulnerable que no tiene la capacidad de pago para acceder al sistema financiero, advirtió la Contraloría.
Al analizar los cambios realizados, la entidad identificó otra serie de situaciones que pueden poner en riesgo la dinámica del sector de la construcción.
El organismo de control enfatizó en que las modificaciones realizadas al programa de vivienda afectaron la entrega de subsidios en 2023, mostrando una reducción del 22,4 % respecto al año 2022, es decir que el año pasado se asignaron 15.000 subsidios menos que en 2022.
“Es importante precisar, que en la vigencia 2023, entre enero y febrero se asignaron 73 subsidios, en 2022 en estos mismos meses se asignaron 15.853 subsidios”.
Casi imposible
De acuerdo con las nuevas condiciones impuestas por el gobierno de Petro, se debe priorizar a los municipios de categoría 5 y 6, que son los más pobres en zona rural y para las categorías más bajas de Sisbén, entre otras variables. Sin embargo, independientemente de la categoría del Sisbén, debe demostrarse la capacidad financiera para acceder a un crédito, y además de ello, se requiere contar con recursos para pagar el valor de la vivienda que no se financiará.
“Es decir que la población con mayores oportunidades de ser beneficiarios, pueden no lograr obtener el subsidio por su bajo nivel de ingresos”, sostuvo la Contraloría.
Por ejemplo, para que una familia pueda acceder a una vivienda VIP, debe tener ingresos de al menos $1.880 millones y pagar una cuota de $741.000 (o $525.000 por 7 años con el beneficio de la tasa FRECH). Además de eso, debe aportar el 20 % del valor de la vivienda como cuota inicial, equivalentes a $23,4 millones, lo que resulta difícil en condiciones normales para una familia que tiene ingresos ligeramente superiores a un salario mínimo.
Efectos negativos
Según la Contraloría, lo anterior pudo tener gran influencia en restringir el número de asignaciones en el programa, lo que no contribuye a la reducción del déficit habitacional, ni a la provisión de una solución efectiva de vivienda a la población más necesitada.
Por otro lado, pudo incidir en una disminución de la demanda de viviendas VIS y VIP, con lo cual no solo es posible que se haya obstaculizado el acceso a una vivienda digna, sino que también probablemente influyó en la contracción del sector de la construcción, en el crecimiento económico y la generación de empleo, situaciones que ya han sido alertadas y divulgadas mediante reportes de gremios como Camacol y la ANDI.
“Dado que la construcción es un sector clave en la economía del país, es pertinente evaluar el comportamiento del sector frente al agregado económico y examinar algunos factores que han incidido en su evolución”.
