El sistema de salud enfrenta un desfinanciamiento crítico: ACEMI calcula que entre 2021 y 2024 se descartaron costos por $13,4 billones, lo que disparó la deuda actuarial de la Nación hasta $33,4 billones. Ana María Vesga advirtió que las mesas de revisión de la UPC evidenciaron fallas técnicas y retos urgentes, subrayando que las soluciones deben ser un propósito común, lejos de intereses partidistas y disputas políticas.
La discusión sobre la sostenibilidad del sistema de salud colombiano vuelve al centro del debate tras las mesas técnicas de revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según el análisis de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), entre 2021 y 2024 se descartaron costos por más de $13,4 billones, lo que generó un déficit estructural que amenaza la prestación de servicios.
El informe advierte que el Ministerio de Salud ha aplicado criterios de validación que eliminan procedimientos de alto costo —como los asociados a pacientes con tratamientos superiores a $100 millones anuales— y ha subestimado variables clave en la metodología de cálculo. Esto, sumado al incremento de la siniestralidad y a las nuevas inclusiones al plan básico de salud, elevó la deuda actuarial de la Nación con el sistema a un rango de $26,4 a $33,4 billones.
ACEMI enfatiza que “los pacientes no pueden ser los sacrificados. Detrás de cada cifra hay miles de personas que requieren tratamientos, medicamentos y atención”. La entidad también sostiene que la responsabilidad no recae únicamente en las EPS: prestadores de servicios, farmacéuticas, cajas de compensación y el propio Ministerio comparten el deber de garantizar información clara y verificable.
En línea con este diagnóstico, la presidenta de ACEMI, Ana María Vesga, señaló que las mesas de revisión de la UPC, convocadas por la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud, concluyeron con dificultades metodológicas y con un quórum estrecho. Sin embargo, destacó que “evidenciaron fallas técnicas en el cálculo y, sobre todo, oportunidades. Trabajar en ellas debe ser un propósito común ajeno a cualquier debate político”.
La Corte ha ordenado establecer mecanismos de ajuste que reconozcan rezagos desde 2021 y garantizar la participación de todos los actores del sistema. Las conclusiones finales de estas mesas, así como el informe del Ministerio al alto Tribunal, serán determinantes para definir si el país logra encaminar un proceso de corrección estructural en las finanzas de la salud.
