La Procuraduría abrió investigación contra el actual mandatario de la isla y cuatro exgobernadores por el manejo irregular que se le dio al proyecto de construcción y dotación de un megacolegio.
El gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins, y sus cuatro antecesores en el cargo, Sandra Victoria Howard Taylor, Alaín Enrique Manjarrés Flórez, Juan Francisco Herrera Leal y Tonney Gene Salazar, serán investigados por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la construcción y dotación de un megacolegio en el sector de San Luis, Isla de San Andrés, cuyo costo con adiciones asciende a $49.101 millones. El proyecto fue aprobado por el OCAD Región Caribe el 9 de julio de 2013, designando a la gobernación como ejecutora.
Obra abandonada
Pasados 10 años el estado del proyecto figura en los sistemas de información del Sistema General de Regalías como “contratado en ejecución”, con un avance físico del 43,77 % y financiero de 51,34 %. Sin embargo, en una visita reciente hecha por la Delegación para el Seguimiento a Regalías y su grupo especial de seguimiento, se logró establecer que las obras fueron abandonadas por el contratista desde junio de 2018.
De acuerdo con los indicios de la Procuraduría, durante las etapas de planeación y ejecución del proyecto se habrían cometido presuntas fallas como que los estudios y diseños se entregaron incompletos, por lo cual se realizó adición de recursos del 44 % del valor aprobado inicialmente ($ 15.036.818.144), el cual no fue suficiente.
También se estableció que el proyecto fue objeto de tres prórrogas por 34 meses, finalizando el plazo de ejecución el 26 de septiembre de 2018 aproximadamente, pero en lugar de ser entregadas, las obras fueron abandonadas por el contratista.
Otros proyectos que no avanzan
La delegada para el Seguimiento a Regalías visitó en San Andrés 15 proyectosque fueronfinanciados con regalías por $269.000 millones. Durante la inspección la funcionaria pudo advertir que, en otras tres obras, el nivel de cumplimiento es muy bajo y de no tomarse acciones urgentes, los recursos podrían perderse.
Uno de ellos, por $3970 millones, fue aprobado en el marco de la pandemia por COVID-19 con el objeto de dotar de computadores a estudiantes de cinco instituciones educativas de la isla, en la actualidad el proyecto se encuentra en proceso de contratación. Se pudo evidenciar presunta duplicidad de inversiones, en la medida en que los cinco colegios a beneficiarse ya han recibido computadores y tabletas, que se encuentran hoy archivados y sin uso, los cuales también fueron financiados entre otras fuentes, con recursos de regalías, por $ 8523 millones.
El otro proyecto que preocupa es el del mejoramiento y rehabilitación para la vía de acceso a la zona industrial de San Andrés Isla con una longitud de 794 metros incluido andenes, drenaje pluvial, alcantarillado sanitario, redes eléctricas y luminarias, que beneficiaría a 55.000 personas por valor de $8500 millones, con avance físico de 55 %.
Los contratos de obra e interventoría fueron liquidados unilateralmente por la Gobernación por la ausencia del permiso requerido para el vertimiento de aguas servidas sobre la bahía Hooker, aledaña al proyecto. La Gobernación tramitó proceso de incumplimiento lo que conllevó a la terminación anticipada del contrato, sanción al contratista y activación de pólizas. El proyecto presenta riesgo del cumplimiento de la meta.
Finalmente, el proyecto denominado “Mejoramiento y rehabilitación en concreto rígido de vías rurales priorizadas en el plan vial (Four Corner, Pepper Hill, Duppy Gully, Orange Hill)”, por valor aproximado de $31.000 millones, contempla en su alcance la pavimentación vial de cinco tramos en concreto rígido.
Sin embargo, el tramo correspondiente a la pavimentación al sector de Duppy-Gully con una longitud de 1.616,75 metros, no ha dado inicio a sus actividades de obra, ya que se encuentra en zona de conservación ambiental, es decir, dentro de la cuenca hidrográfica Cove de acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas vigente, por lo que se evidencia que, en las etapas de aprobación y ejecución, no ha contado con la aprobación de la autoridad ambiental de la isla de San Andrés.
