Un informe de la Fundación Ideas para la Paz advierte que el país inicia 2026, año electoral, con un conflicto armado más fragmentado y violento: los grupos ilegales crecieron un 23,5 %, las disputas territoriales alcanzaron su punto más alto en una década y el desplazamiento forzado aumentó de manera alarmante.
Colombia comenzó 2026 con un panorama de seguridad más frágil que en años anteriores. Lejos de contenerse, el conflicto armado se intensificó, los grupos ilegales aumentaron su pie de fuerza y ampliaron su control territorial, mientras el Estado sigue enfrentando dificultades para recuperar presencia efectiva en amplias regiones del país. Así lo señala el más reciente balance de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
De acuerdo con el informe, al cierre de 2025 los grupos armados ilegales sumaban más de 27.000 integrantes, entre combatientes y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 23,5 % frente a 2024. En solo un año, más de 5.000 personas se vincularon a estas estructuras, pese a las operaciones militares, los procesos de negociación y las ofertas de sometimiento.
El Clan del Golfo lideró este crecimiento, con cerca de 2.300 nuevos miembros, seguido por el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC. Según la FIP, la capacidad de reclutamiento se mantiene gracias a incentivos económicos en territorios donde la presencia del Estado es débil o inexistente.
El deterioro de la seguridad también se reflejó en el aumento de las confrontaciones armadas. El 2025 fue el año con más disputas entre grupos ilegales en la última década, con un incremento del 34 % frente al año anterior. Actualmente, al menos 13 zonas del país se encuentran en disputa activa, casi el doble de las registradas en 2022.
A este escenario se suma el fortalecimiento de la capacidad militar de los grupos armados, especialmente mediante el uso de drones con explosivos. En 2025 se registraron 277 ataques con drones, más del doble que en 2024, la mayoría atribuidos al EMC. También crecieron los ataques contra infraestructura y bienes civiles (58 %) y contra la Fuerza Pública (62 %), alcanzando los niveles más altos desde 2016.
Impactos
El impacto humanitario fue severo. El desplazamiento forzado aumentó 85 %, impulsado principalmente por la crisis en el Catatumbo, que obligó a 92.000 personas a abandonar sus hogares.
Aunque los homicidios solo registraron un leve aumento del 3 %, la FIP advierte que en varias regiones esta estabilidad responde a estrategias criminales más silenciosas. El secuestro, en contraste, se disparó 133 %, con un patrón cada vez más urbano y extorsivo.
Pese a que la Fuerza Pública incrementó sus acciones en un 34 % durante 2025, el informe señala que este mayor despliegue no se tradujo en una mejora clara de la seguridad. Las operaciones militares no han debilitado de manera sostenida a los grupos armados, que se adaptan rápidamente a las ofensivas estatales.
La FIP advierte que la respuesta del Estado sigue siendo en gran medida reactiva y que persisten debilidades en prevención, inteligencia e investigación criminal. En este contexto, el inicio del año electoral plantea riesgos adicionales para la población civil y para la legitimidad institucional.
“El tiempo que le queda al Gobierno no puede ser excusa para la inacción”, concluye el informe, que llama a realizar ajustes urgentes en la estrategia de seguridad, fortalecer la justicia y establecer límites claros en los procesos de diálogo. De lo contrario, advierte la fundación, la violencia seguirá marcando el pulso del país en 2026.
