El saldo acumulado de obligaciones por servicios de salud compromete la sostenibilidad de la entidad, que cubre al 22% de los afiliados del sistema. La alerta incluye además $10,5 billones en anticipos pendientes por legalizar y $8,7 billones en documentos contables sin cierre.
La Contraloría General de la República lanzó una fuerte alerta tras adelantar diligencias de policía judicial en la Nueva EPS, donde detectó presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos de salud entre las vigencias 2022 y primer semestre de 2025.
El organismo recaudó 4.524 archivos con información técnico-asistencial, administrativa, jurídica y financiera, los cuales revelan falencias que comprometen la sostenibilidad de la entidad. Uno de los hallazgos más preocupantes se relaciona con los anticipos pendientes por legalizar. Según el informe preliminar, estos pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, un aumento del 155%. Para junio de 2025, la cifra ya ascendía a $15,27 billones, lo que compromete la liquidez institucional y podría derivar en detrimento patrimonial.
En materia de facturación, la Nueva EPS reporta 22,7 millones de registros sin procesar, por un valor de $22,1 billones. Al depurar la información, la Contraloría encontró 9,1 millones de facturas repetidas por $8,9 billones, quedando pendientes $13,2 billones. El 97% de estas obligaciones corresponde a 2024 y primer semestre de 2025, lo que refleja un represamiento crítico.
La auditoría también evidenció concentración de pagos: solo 36 prestadores concentran el 40% del valor pendiente por procesar, equivalente a $5,2 billones. Este nivel de dependencia aumenta el riesgo fiscal en caso de incumplimientos o litigios.
Otro aspecto señalado fue la falta de soportes contractuales exigidos por el Decreto 441 de 2022. En varias carpetas revisadas no aparecían documentos esenciales como copias de contratos, notas técnicas o anexos. A esto se suma un incremento en las cuentas por pagar, que a marzo de 2025 sumaban $21,37 billones, cifra que compromete no solo a la EPS sino al sistema de salud, considerando que la entidad cubre el 22% de los afiliados nacionales.
Finalmente, la Contraloría detectó una subestimación de reservas técnicas por $11,1 billones, situación que refleja debilidad en la gestión contable y en la solvencia de la EPS. El organismo de control advirtió que estos hallazgos serán remitidos a la Delegada para el Sector Salud para iniciar procesos de control fiscal, y dará traslado a las autoridades competentes por posibles responsabilidades disciplinarias y penales.
La crisis revelada plantea serios interrogantes sobre la capacidad de la Nueva EPS para garantizar la adecuada prestación de servicios a sus millones de afiliados.
