En lo corrido del año, hasta agosto, la Procuraduría ha recibido más de 150 denuncias de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. El procurador Gregorio Eljach advirtió que ninguna causa política, económica o criminal justifica arrebatar la niñez a las comunidades y convertirla en víctima de la guerra.
Durante la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, lanzó un fuerte llamado contra el reclutamiento forzado de menores en el país.
“La niñez no se toca, no se negocia y no se recluta”, afirmó el jefe del Ministerio Público, al subrayar que la lucha contra este flagelo requiere voluntad política, recursos y acción articulada en todos los niveles del Estado.
Según datos oficiales presentados por la Procuraduría, entre enero y agosto de este año se han recibido más de 150 denuncias de reclutamiento forzado, una cifra que mantiene la tendencia de años anteriores: 481 casos en 2023 y 495 en 2024.
“Ningún propósito político, ninguna ambición económica, ninguna estrategia armada ni criminal justifica que se robe la infancia y la dignidad de nuestros menores para convertirlos en verdugos, que a su vez son víctimas”, expresó Eljach Pacheco.
El procurador advirtió que “detrás de estos números se encuentran miles de historias truncadas, familias desgarradas y comunidades atemorizadas”, y reafirmó el compromiso de la entidad con la protección de la vida y la libertad de los niños, niñas y adolescentes.
La Procuraduría explicó que realiza seguimiento permanente al fenómeno mediante cinco líneas de trabajo: vigilancia de políticas públicas, monitoreo a procesos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acciones en terreno en zonas afectadas, intervención en contextos de riesgo y desplazamiento, y despliegue de equipos de acción inmediata para verificar denuncias y garantizar medidas de protección.
Eljach también citó informes de Naciones Unidas que entre 2022 y 2024 documentaron casi 800 alegaciones de violaciones graves contra la niñez en Colombia, de las cuales más de la mitad corresponden a reclutamiento, uso y utilización de menores.
El jefe del ente de control insistió en la corresponsabilidad entre familia, sociedad y Estado para prevenir este crimen.
“Las familias deben contar con apoyo, las comunidades deben estar organizadas y vigilantes, y las instituciones tienen que actuar de manera articulada y eficaz”, señaló.
El Procurador también hizo un llamado a transformar los datos de violencia en indicadores de esperanza.
“Que los niños y niñas de Colombia, sin importar el lugar donde nazcan, puedan crecer con un lápiz en la mano y no con un fusil al hombro”.
