La recién designada Ministra de Agricultura ha despertado cierto temor en un amplio sector de los propietarios de tierras fértiles en todo el país, por cuenta de las declaraciones de la nueva Alta Funcionaria en torno a la posible declinación de la iniciativa tendiente a comprar predios y la puesta en marcha de aquel proceso administrativo.
La Reforma Rural Integral es uno de los programas bandera del presidente Gustavo Petro, tanto así, que sin la concreción de esta, esa idea de convertir a Colombia en potencia Mundial de la producción agroalimentaria estaría tambaleando.
En los casi dos años de su mandato, Petro y las instituciones con competencia exclusiva en esos asuntos no han podido avanzar más de lo que han hecho otros mandatarios en el pasado, como ha quedado demostrado en varios informes que rectifican las afirmaciones engañosas o exageradas del jefe de la ‘Colombia Humana’.
A pesar del compromiso adquirido con el sector ganadero, gremio que estando al frente del Ministerio de Agricultura, Cecilia López Montaño, suscribió un acuerdo para ofertar y vender 1.5 millones de hectáreas de tierra fértil y destrabar el proceso estancado desde épocas inmemoriales.
Mientras López estuvo al frente de la citada cartera, las ofertas empezaron a llegar desde distintos sectores de la geografía colombiana, incluso, varios ganaderos en el Magdalena Medio y Córdoba pudieron concretar el negocio, dando un paso adelante en ese loable propósito.
Esta iniciativa del sector ganadero, fue impulsada por las conferencias informativas regionales llevadas a cabo por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en compañía de delegados de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Estas charlas se vieron abruptamente interrumpidas con la salida de Cecilia López del ministerio.
Posterior a eso, Gerardo Vega, denunció que Jhennifer Mojica, nueva jefe de esa cartera, no estaba de acuerdo con el rol protagónico de los ganaderos en la reforma, por lo que su papel en el proceso fue más bien pobre. Esta semana que se oficializó su salida, el balance de su gestión a ese respecto es a todas luces negativo.
La nueva ministra de Agricultura, Martha Carvajaino, llega a ese espacio con una hoja de vida en la que figuran cargos y acciones ligadas directamente al sector agrario, tanto así, que desde 2016 se desempeñaba como Procuradora para Asuntos Agrarios en Bogotá.
También figura en su experiencia laboral un largo periplo como consultora y contratista en entidades de gran envergadura como Parques Nacionales Naturales de Colombia, Ministerio de Ambiente, Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Fundación para el desarrollo sostenible de Colombia (Fundescol).
Martha Carvajalino, abogada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y magister en Derecho de la misma alma mater, llega al cargo precedida de una polémica en redes, donde aparece defendiendo la expropiación por vía administrativa, iniciativa que ha sido reprochada duramente por un amplio sector de la opinión y la cosa pública.
“La expropiación agraria está consagrada, quizá antes, en la ley 74 de 1926. Se ha hecho de la ley un fantasma”, trinó la nueva ministra, citando una publicación que solicitaba aclarar ese asunto.
Aunque la publicación se dio días antes de su designación, es claro que revestida del Poder Ejecutivo, esa idea puede pasar de lo meramente discursivo a la praxis, como en su momento intento su antecesora.
María Fernanda Cabal, líder de la oposición y precandidata presidencial, fue una de las primeras en reaccionar a este nombramiento, señalando lo peligroso que podría ser Carvajalino para quienes desde la llegada de Petro temen que la expropiación administrativa de tierras fértiles y productivas no sea la excepción, sino la regla.
“Este es el tenor de la nueva Ministra de Agricultura sobre la expropiación agraria. ¡Calculen!”, posteó Cabal en su cuenta en la red social X, compartiendo el mensaje de Carvajalino.
Finalmente, el periodista de Caracol Radio, Melquisedec Torres, quien también es abogado, y dada la lluvia de mensajes en redes cuestionando a quienes criticaban las afirmaciones de Carvajalino, hizo claridades en torno al tema. “La Ley 74 de 1926 (art. 11) autoriza la expropiación agraria pero SOLO para implementar granjas experimentales, un modelo que no existe hace décadas”, puntualizó.
