La medallista Olímpica y exministra del Deporte fue acusada por la Fiscalía por presuntas fallas administrativas en la contratación de más de 100 prestadores de servicio. Los hechos habrían ocurrido después de que el presidente le pidiera la renuncia en febrero de 2023.
A través de un boletín de prensa, la Fiscalía informó que acusó formalmente a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, por presuntas irregularidades en el manejo de más de 100 contratos de prestación de servicios, firmados en sus últimos días como funcionaria.
Según la investigación, el 27 de febrero de 2023, luego de que el presidente Gustavo Petro le solicitara públicamente la renuncia, Urrutia habría ordenado la terminación anticipada de 104 contratos vigentes, bajo el argumento de “motivos personales”.
Sin embargo, apenas unas horas después, esos mismos contratos fueron nuevamente suscritos por instrucción de la ministra, esta vez con vigencia extendida hasta el 31 de diciembre del mismo año.
La Fiscalía sostiene que esta maniobra tuvo como objetivo garantizar la continuidad laboral de personas cercanas o recomendadas, a pesar de que la exministra ya no continuaría al frente de la cartera. Los hechos fueron calificados como una presunta violación a las normas de contratación estatal.
Finalmente, ante estos hechos y pruebas, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Urrutia el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La fecha de inicio de las audiencias será fijada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte.
