Esta política pública implementada por el gobierno de Gustavo Petro no ha tenido buen recibo en el departamento, ya que, es vista como una limitación a las facultades que la ley le otorga a los propietarios de la tierra en Colombia.
La reciente implementación de las Áreas de Protección para la Producción Agrícola (APPA) en el suroeste de Antioquia ha desatado una fuerte controversia. Esta medida, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, ha sido criticada recientemente en un extenso mensaje en X por la precandidata presidencial y líder de la oposición, María Fernanda Cabal, quien la califica como un atentado contra la propiedad privada y autonomía territorial.
Cabal arranca cuestionando la poca efectividad del actual gobierno para dinamizar la producción agropecuaria en zonas del país donde la tierra fértil se utiliza para cultivos ilícitos.
“Colombia enfrenta una grave amenaza sobre el uso de la tierra. No solo son los grupos terroristas que la ocupan para sembrar coca o las invasiones ilegales, ahora el gobierno impone las Áreas de Protección para la Producción Agrícola (APPA), una nueva forma de expropiación disfrazada de regulación”, comentó la precandidata presidencial.
“Violan la autonomía territorial y el derecho a la propiedad privada”
Lo que en la teoría del gobierno Petro es una política agropecuaria encaminada a proteger ciertas áreas de interés del Gobierno Nacional para la producción agrícola, ha generado un rechazo generalizado en la región por cuenta de su más bien poca pertinencia y utilidad regional.
En esencia, este tipo de políticas públicas interfieren de manera directa en las facultades que el derecho civil le concede a propietario sobre sus bienes. “Con las APPA buscan frenar actividades clave para el desarrollo del país, como la ganadería, el turismo, la agroindustria, el comercio, la construcción y la minería, imponiendo restricciones que violan la autonomía territorial y el derecho a la propiedad privada”, denunció Cabal.
Las manifestaciones que se han presentado en el departamento de Antioquia, en rechazo de esta medida, evidencian la total desconexión del Gobierno Nacional con el sentir ciudadano, situación que ha motivado la interposición de demandas en contra de la juridicidad de las APPA.
Sobre este punto en concreto, la precandidata presidencial advirtió que “el impacto ya se siente en regiones como el suroeste antioqueño, donde el rechazo es evidente y el gobernador ha anunciado demandas contra esta imposición autoritaria”.
Cabal insistió en la idea según la cual, el actual gobierno ha manipulado la legislación agropecuaria con el objetivo a arrogarse la facultad de controlar la vocación de la tierra, suprimiendo totalmente los atributos jurídicos de la propiedad privada, reconocidos desde la antigua Roma, a saber: uso, goce y disposición.
“Es inaceptable que este gobierno comunista pretenda decidir por los dueños de la tierra, obligándolos a sembrar alimentos y prohibiéndoles desarrollar otros sectores productivos como la floricultura o la ganadería”, observó con preocupación Cabal.
Finalmente, la líder de la oposición aseguró que es imperativo detener las APPA para así salvaguardar el derecho de los ciudadanos a decidir sobre sus tierras, instando a una reflexión sobre cómo las políticas de tierra deben ser implementadas de manera que fomenten el desarrollo sostenible y sin sacrificar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Estas restricciones, impuestas con criterios políticos y no técnicos, no solo frenan la inversión y el crecimiento, sino que aceleran el desplazamiento productivo, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la economía del país”, puntualizó.
