Las palabras del jefe de Estado no han caído bien en un amplio sector de la opinión y la cosa pública de tres importantes departamentos del país, a los que se ha referido en términos desobligantes sin exhibir una sola prueba que sustente sus afirmaciones.
En menos de una semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha pronunciado discursos que han dejado bastante furiosos a mandatarios y dirigentes gremiales de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Atlántico.
La primera controversia se originó por cuenta de las desobligantes palabras del jefe de Estado para referirse a uno de los sectores más exclusivos de Medellín. Lo dicho por Petro desató una oleada de vehementes reacciones desde distintos frentes de la opinión y la cosa pública paisa.
Deslegitimando al empresariado antioqueño
“El Poblado no es Medellín ni Antioquia, como el Chicó no es Bogotá ni Colombia. Las confesiones, la Comisión de la Verdad y los fallos judiciales muestran que un sector del empresariado bananero, con ayuda estatal, apoyó en el pasado el paramilitarismo y la masacre del pueblo del Urabá. En Urabá se impuso una forma paramilitar de gobernar”, dijo Petro en una parte de su alocución en el municipio de Apartadó.
Como si lo dicho hasta ese momento no fuera suficientemente estigmatizante, el mandatario arreció aún más e insinuó que las fortunas que ostentas los habitantes de ese sector provienen de acciones ilegales.
“La gente, con sus necesidades, que son lógicas en los seres humanos, se organizó, exigió, quiso tener una vida mejor y ese choque terminó en un conflicto armado, de hace mucho tiempo, que ha variado en el tiempo. […] El Estado, en lugar de mediar y producir los espacios para pacificar el territorio y construir un pacto, ese Estado, esos gobiernos, en esas épocas, decidieron fue aliarse con el paramilitarismo, que ya usaba este territorio para exportar cocaína”, comentó el presidente ante un abarrotado auditorio.
Personalidades antioqueñas salieron al paso a las declaraciones de Petro, a quien le cuestionan la utilización de ese discurso de clases en el marco de la puesta en marcha de una obra pública tan importante como el acueducto de Apartadó.
El primero de ello, fue el gobernador, Manuel Julián Rendón, quien a través de su cuenta en X rechazó de plano lo dicho por el presidente y lo invitó a dejar a un lado el discurso polarizante y estigmatizador que sí provoca violencias.
“Ayer el presidente Petro atacó a la Comuna 14- El Poblado para estigmatizar a Medellín y Antioquia. Un gobernante debe entender que lo que hay que acabar es con la pobreza y no con la riqueza; una bien construida, equitativa, generadora de empleo y posibilidades. Tiene razón el presidente cuando dice que pensamos muy diferente: su visión de la confrontación se justifica por las ‘causas objetivas de la violencia’. Él ve a quienes posan de insurgentes como rebeldes. Yo los veo como criminales. En su lógica marxista, él ve a los empresarios como explotadores, yo los veo como generadores de riqueza”, trinó Rendón.
También lo hizo Nicolás Echeverry, senador por el Partido Conservador. El congresista aseguró que lo dicho por el jefe de Estado es diametralmente opuesto a su llamado a una Asamblea Nacional Constituyente en días pasados e hizo precisiones respecto de los habitantes del populoso barrio de la capital antioqueña.
“Es una convocatoria a dividir la sociedad y una construcción sobre el odio, que creemos está superado hace mucho tiempo. Creo que es un resentimiento en contra de una población que lo que hace es trabajar, generar empleo y pagar impuestos. Anteriormente, podría decirse que la gente muy rica vivía en El Poblado, una clase media emergente que le toca pagar mucho por sus servicios, para su estado, que contribuye en generar empleo. No creo que un presidente que debería estar convocando la unidad nacional y ser el colombiano de todos, esté ahora haciendo una división de clases que termina siendo una práctica odiosa”, comentó Nicolás Echeverry.
En Córdoba también le reclamaron
No se había viralizado aún el trino del gobernador de Antioquia, cuando en Tierralta, Córdoba, el alcalde de ese municipio le hacía un reclamo similar al mandatario, utilizando para esto, su espacio ante el presidente y su gabinete.
David Contreras, alcalde del mencionado municipio, mirando a los ojos a Petro y con voz entrecortada por el coraje, rechazó las declaraciones del presidente y las asociaciones que hizo este de los manifestantes que vio en una vía con estructuras del Clan de Golfo.
“El Clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierralta y la gente se está retirando por temor”, expuso el mandatario y a renglón seguido, prácticamente a los gritos, ordenó: “[…] el Ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierralta!”. Y añadió: “No entiendo cómo, teniendo el Ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías, ¿quién tiene el poder aquí?”. Además aprovechó para volver con su nueva narrativa del pueblo: “Si el pueblo tiene el poder aquí, el Ejército obedece al pueblo, y eso significa que las vías de Tierralta se liberan para el pueblo. No vamos a admitir chantajes ni bloqueos”.
No obstante, la vehemente reacción del presidente y su mano dura para con los grupos armados ilegales que siembran el terror y la criminalidad en todo el país, resultó ser una fake news, ya que el alcalde del municipio en cuestión desmintió al presidente.
“Eso de ayer nos dolió en el corazón. Yo quiero decirle, presidente, que eso que pasó ayer ahí fue una desinformación, lo que había aquí, a escasos cinco kilómetros, era un bloqueo porque [a] una comunidad no se le ha iniciado una obra sobre la bancada del río Sinú, vía a Valencia. De manera injusta, presidente, esa comunidad de Gramalote ayer fue tratada de delincuentes. Ellos no son delincuentes, presidente”, expresó notablemente afectado el alcalde de Tierralta.
Habitantes del municipio también le pidieron a Petro rectificar sus declaraciones, en el entendido de que pone en peligro la vida de quienes participaron de la propuesta, todos ellos, campesinos habitantes de la región.
“Estamos aproximadamente desde las 6:00 a. m. y son las 8:00 p. m. y no han llegado. Nos mandan al Esmad, donde hay niños, personas adultas, a maltratarnos, quizá, pero nosotros estamos en algo pacífico. Así que señor presidente Petro, le agradezco el favor que rectifique, se eche para atrás a la versión que usted dio, que éramos paramilitares: ¡No somos paramilitares!”, apremió Luis Emiro Ortega, agricultor que participó de la propuesta.
Empresarios del Atlántico piden respeto
La más reciente y desfasada ‘denuncia’ del presidente, tienen que ver con un supuesto complot orquestado por el sector empresarial de Barranquilla para evitar que la Constituyente y las reformas por él propuesta se aprueben.
“Allá hacen reuniones con algunos empresarios en Barranquilla para ver si se reúnen 100.000 millones de pesos para comprar votos para tumbar a Petro, si es que hay constituyente ya. Los berracos ya están pensando en comprar los votos para ver cómo se saca a Petro, no en ver cómo se hace aquí un acuerdo para salir. Yo lo que propongo en Córdoba es que lo hagamos en Córdoba. Lo hagamos, la verdad sí, pero la verdad para reconciliarnos”, afirmó el presidente.
Inmediatamente, el Comité Intergremial del Atlántico le exigió al mandatario enunciar a las personas de las que sabe están concertando tal estrategia y además, ponga en conocimiento de las autoridades competentes tales actos.
“Los gremios que representan al sector productivo de Barranquilla rechazamos las sindicaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, contra el empresariado local sobre un supuesto plan de compra de votos en la anunciada Asamblea Constituyente para sacarlo del poder”, dice el boletín expedido por el empresariado del Atlántico.
Finalmente, sostienen que afirmaciones de esa naturaleza generan desconfianza en el sector empresarial pues deja en evidencia una surte de animadversión del ejecutivo hacia el sector privado que podría ser contraproducente para la economía nacional.
“Señalamientos generalizados de esa gravedad no contribuyen a transitar los caminos que nos lleven a superar la polarización política que sufrimos, la cual atenta a diario contra la necesaria estabilidad jurídica e institucional requerida para el buen funcionamiento del país y hacen más difícil lograr la paz total que los colombianos merecemos”, puntualiza la nota de prensa.
