La reacción de los exnegociadores se suma a la de organismos judiciales y líderes políticos que coinciden en un punto clave: garantizar la seguridad de la oposición es una obligación constitucional que no admite dilaciones.
El magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sigue generando reacciones en todo el país. Este martes, los exnegociadores del Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, emitieron un comunicado en el que califican el hecho como “un durísimo golpe al Acuerdo de Paz de 2016” y una señal de alerta sobre las garantías para la oposición en Colombia.
En su pronunciamiento, recordaron que uno de los objetivos centrales del Acuerdo firmado con las FARC fue “romper el vínculo entre política y armas”, y que ese compromiso implicaba no solo el desarme de la antigua guerrilla, sino también la creación de condiciones seguras para que todas las fuerzas políticas puedan actuar sin amenazas.
“En un escenario de fin del conflicto se deben establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política y, en particular, unas mayores garantías para el ejercicio de la oposición política”, señalaron. El comunicado también resalta que, gracias a la Ley 1909 de 2018, Colombia cuenta con un estatuto de garantías que otorga derechos especiales a los partidos de oposición, incluyendo la protección de sus dirigentes.
Sin embargo, los firmantes advierten que el Sistema Integral de Seguridad para la Política “no ha tenido el compromiso que requiere” y critican la gestión del presidente Gustavo Petro, a quien atribuyen una actitud de “desdén e indiferencia” frente a la implementación de estas medidas.
“La paz y la seguridad son dos caras de una misma moneda”, subrayaron, alertando que la falta de control territorial y la ausencia de un marco legal claro en el diálogo con grupos armados pueden poner en riesgo a líderes y opositores.
De la Calle y Jaramillo insistieron en que, si se confirma la responsabilidad de disidencias armadas, como la Segunda Marquetalia, “les caiga todo el peso de la ley” y se refuercen de inmediato las capacidades de inteligencia del Estado para evitar nuevos ataques. El pronunciamiento concluye con un homenaje a Miguel Uribe, a quien describen como “un fiel y brillante opositor, entregado a la cosa pública, y un demócrata”.
