Los argumentos de demandantes y demandados, como se esperaba, son abiertamente contrapuestos. Sin embargo, destaca que en uno de los escritos se advierte que los peritos analizaron un video distinto al decretado como prueba.
Con la presentación de los alegatos finales, el proceso de nulidad electoral contra el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, ha llegado a su etapa decisiva.
En este punto, la controversia gira en torno a un video en el que Martínez supuestamente apoya a las candidatas del Partido de la U a la Asamblea y al Concejo de Santa Marta, María Charris y Miguelina Pacheco, respectivamente.
Los documentos publicados en exclusiva por el medio Opinión Caribe revelan que, mientras la defensa del gobernador insiste en que la grabación fue manipulada, los demandantes la consideran una prueba clave, tanto así que fue decretada como tal.
Atacan el video
El equipo jurídico sustenta la petición de mantener a Martínez en el cargo en los peritajes realizados al video, donde se evidencian modificaciones que impiden confirmar su autenticidad.
“No hay certeza de que el material presentado corresponda a la realidad de los hechos”, sostiene el defensor del gobernador. También argumentan que la falta de cadena de custodia afecta la credibilidad de la prueba.
La Procuraduría General de la Nación comparte esta impresión y, en un informe de 34 páginas, concluye que no hay elementos suficientes para determinar la existencia de doble militancia.
“No se puede inferir de manera categórica que el gobernador haya incurrido en la falta que se le atribuye”, indica el Ministerio Público tras exponer los elementos jurídicos y fácticos que fundamentan la prohibición de doble militancia.
Defienden el video
Por su parte, los demandantes, liderados por Ariel Quiroga Vides, defienden la validez del video, destacando que fue aceptado como prueba por el magistrado el 29 de enero de 2025.
Aseguran, además, que el material, disponible en su versión original de 16 minutos, muestra claramente a Martínez promoviendo a candidatas del Partido de la U, lo que configuraría una infracción electoral. Afirman que los dichos de la defensa se fundamentan en el análisis de un video diferente, publicado en redes sociales.
Advierten además al juez que, en sus declaraciones bajo juramento, tanto Martínez como Charris incurrieron en sendas contradicciones, situación que motivó la interposición de una denuncia penal en su contra por presunto fraude procesal y falso testimonio.
Coadyuvantes como Camilo José David Hoyos, Luis Alberto Riascos Rojas y Rubén Ceballos Mendoza refuerzan esta posición, argumentando que la prueba integral no fue objetada oportunamente por la defensa, lo que le otorga pleno valor probatorio.
Ahora, el magistrado deberá evaluar estos elementos y decidir si las acciones de Martínez vulneraron el ordenamiento electoral, un fallo que definirá el futuro político del gobernador y seguramente sentará un precedente en materia de doble militancia en Colombia.
