Además las extrañas circunstancias alrededor del caso, la familia de la joven desaparecida asegura haber sido extorsionada en al menos 10 ocasiones por un grupo que se identifica como ELN, sin recibir pruebas de vida. Alertan sobre filtraciones de información confidencial, respuestas revictimizantes por parte de funcionarios y falta de avances técnicos en la investigación.
La desaparición de Tatiana Hernández sigue envuelta en incertidumbre y desesperación, mientras su familia denuncia extorsiones reiteradas, negligencia institucional y un trato indigno por parte de las autoridades. Según han informado sus padres, desde hace meses han sido contactados por personas que se identifican como miembros del ELN y que aseguran tener a Tatiana en su poder.
Hasta la fecha, han pagado cerca de 10 extorsiones, sin haber recibido una sola prueba de vida. “Nos están chantajeando con la esperanza. Pero no sabemos si la tienen, si está viva, o si todo esto es un engaño cruel”, expresó el padre de la joven.
El abogado de la familia, Iván Cancino, advirtió que la Fiscalía en Cartagena no ha desplegado las acciones técnicas necesarias para rastrear las llamadas que vienen recibiendo los familiares de la joven, a pesar de tener en su poder los elementos materiales probatorios. “No hay avances en la trazabilidad. Hemos entregado audios, números, registros, y no se ven resultados”, afirmó el jurista.
Yendo más allá, la madre de Tatiana, Lucy Díaz, reveló un hecho especialmente grave: la filtración de un comunicado anónimo que fue enviado por correo electrónico a la Fiscalía, la Procuraduría y al abogado defensor.
“Lo que me dolió fue que ese mensaje terminó publicado tal cual, sin edición ni contexto, como si no importara la seguridad de mi hija”, denunció. Pero lo más indignante, según la mujer, ocurrió cuando buscó respuestas. “Fui a la Fiscalía y me dijeron que parecíamos una familia que ve muchas novelas. ¿Eso es lo que merecemos como víctimas?”, cuestionó entre lágrimas.
Finalmente, ante la situación expuesta y que consideran atenta contra sus derechos fundamentales, la familia y su equipo jurídico exigen que el caso sea asumido con seriedad y urgencia por parte de las autoridades, antes de que el silencio se vuelva definitivo.
